Participación Ciudadana advierte graves retrocesos en derechos en reforma al Código Penal
Advirtió que el contenido aprobado por el Senado incluye artículos que amenazan la democracia
SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana manifestó este miércoles su profunda preocupación por la reciente aprobación en primera lectura, por parte del Senado de la República, del proyecto de reforma al Código Penal.
La organización denunció que el texto contiene múltiples disposiciones que representan un grave retroceso en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualdad y acceso a la justicia.
En un comunicado oficial, Participación Ciudadana reconoció la necesidad de actualizar el Código Penal para enfrentar delitos complejos como el crimen organizado, los delitos tecnológicos y medioambientales, así como nuevas formas de corrupción. Sin embargo, advirtió que el contenido aprobado incluye artículos que amenazan la democracia y el Estado de derecho en el país.
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Ante este escenario, el movimiento hace un llamado firme al Congreso Nacional, especialmente a la Cámara de Diputados, para que actúe con responsabilidad democrática y abra un espacio de diálogo que permita revisar y corregir el proyecto. De igual forma, exhortó al presidente Luis Abinader a ser coherente con sus promesas de campaña y, si el Código es aprobado con los elementos cuestionados, ejerza su facultad constitucional para observarlo y solicitar modificaciones.
Puntos críticos del proyecto, según Participación Ciudadana:
- Impunidad institucional: El proyecto exime de responsabilidad penal a entidades públicas y privadas como el Estado, los ayuntamientos, iglesias y partidos políticos. Esta disposición, aseguran, viola el principio constitucional de igualdad ante la ley.
- Aborto criminalizado sin excepciones: Se castiga con hasta dos años de prisión a las mujeres que interrumpan un embarazo, sin contemplar las tres causales (riesgo de vida para la madre, violación/incesto o inviabilidad fetal), ignorando estándares internacionales de derechos humanos.
- Debilitamiento de la lucha contra la corrupción: El proyecto no contempla la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, lo cual limitaría las posibilidades de perseguir hechos de corrupción a largo plazo.
- Jurisdicción militar inconstitucional: Se mantiene la competencia de los tribunales militares para juzgar penalmente a policías y militares, contraviniendo una sentencia del Tribunal Constitucional (TC/0350/19) que prohíbe esa práctica.
- Ambigüedad sobre el espionaje: El texto podría ser utilizado para restringir el periodismo de investigación, el acceso a la información pública y el activismo en derechos humanos.
- Retrocesos en la protección contra la discriminación:
o Se excluye la orientación sexual como categoría protegida.
o Se introduce la posibilidad de justificar discriminación mediante “libertad de conciencia” o “buenas costumbres”.
o Se exige una denuncia previa para iniciar procesos por discriminación, lo que dificulta el acceso a la justicia para grupos vulnerables. - Riesgos para la libertad de expresión: Se mantienen penas de cárcel por difamación e injuria, contrarias a las recomendaciones internacionales de despenalizar estas figuras y tratarlas en el ámbito civil.
Participación Ciudadana instó a todos los sectores sociales a mantenerse vigilantes y exigir un Código Penal que garantice derechos y justicia para todos, sin concesiones que pongan en riesgo las libertades fundamentales conquistadas.
“No se puede construir un país más justo, democrático y transparente sobre la base de privilegios, impunidad y discriminación”, concluye el comunicado.
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