Tobillera y prohibición de acercarse a cualquier embajada: las nuevas medidas cautelares que enfrenta Jair Bolsonaro

La mañana de este viernes, la Justicia brasileña sorprendió al país con la emisión de una orden de arresto contra el expresidente Jair Bolsonaro. Lo que siguió fue un amplio despliegue de la Policía Federal, que cercó su domicilio particular y la sede del Partido Liberal en la capital, Brasilia.

No se trató de un operativo cualquiera: la intención era colocarle al exmandatario una tobillera electrónica y dar cumplimiento a una serie de nuevas medidas cautelares que, en los hechos, lo dejan con escasísima capacidad de maniobra.

Las restricciones son severas: Bolsonaro no podrá usar redes sociales, deberá respetar arresto domiciliario nocturno, tiene prohibido comunicarse con diplomáticos o acercarse a embajadas, y no podrá hablar ni con su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, ni con los otros siete imputados en la causa. A esto se suma la retención previa de su pasaporte, un claro mensaje por parte del Tribunal Supremo Federal ante lo que consideran un peligro real de fuga. El juez Alexandre de Moraes, que lidera el caso, no dejó margen para la interpretación: las medidas responden al temor de que Bolsonaro intente abandonar el país.

El trasfondo de estas medidas está en que el exmandatario es investigado por su presunta participación en una trama para llevar adelante un golpe de Estado en contra del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apenas éste asumió el cargo en enero de 2023. La Fiscalía lo acusa de al menos cinco delitos, entre ellos golpe de Estado, obstrucción a la justicia y atentado a la soberanía nacional. De ser hallado culpable, las penas podrían sumar hasta 40 años de prisión. La sentencia definitiva podría conocerse en septiembre.

El allanamiento en su vivienda dejó nuevos elementos que podrían ser claves: la policía incautó aproximadamente 14 mil dólares en efectivo, 8 mil reales, su teléfono móvil y un pen drive oculto en uno de los baños. Todo ese material está ahora bajo análisis judicial. Pero no solo su domicilio fue objetivo del operativo. La sede del Partido Liberal también fue registrada en busca de pruebas. Bolsonaro, quien lidera esa formación política, ve así cómo se cierra el cerco en su contra desde todos los flancos.

Trump amenaza, Lula responde

Lo que agrava aún más el escenario es que este caso judicial ya no se limita al ámbito interno de Brasil. Escaló, peligrosamente, al plano internacional. Y quien encendió la chispa del conflicto diplomático es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un día antes del operativo, el mandatario norteamericano envió una carta al gobierno de Lula pidiendo el fin del juicio contra Bolsonaro. En su red Truth Social fue aún más explícito: “¡Este juicio debe terminar de inmediato!”, escribió. La presión fue acompañada de una amenaza comercial directa: si el proceso judicial continuaba, impondría un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas a partir del 1 de agosto. El líder republicano calificó este juicio como una “cacería de brujas”. 

Desde luego, la respuesta del presidente Lula no tardó. Con firmeza, afirmó que protegerá la economía brasileña con todos los recursos legales disponibles. Y fue tajante: “La carta de Trump es un chantaje inaceptable, basada en informaciones falsas”. Mientras el jefe de la Casa Blanca aseguraba que Brasil mantenía un superávit en su balanza comercial con Estados Unidos, Lula mostró los datos: en los últimos 15 años, el superávit ha sido favorable a Estados Unidos, con más de 400 millones de dólares.

Pero el conflicto no se limita al comercio. También hay una disputa sobre la libertad de expresión y la regulación de plataformas digitales. El presidente de EE.U. acusó al gobierno brasileño de censura luego de que se ordenara el bloqueo de Rumble, una red social afín a grupos conservadores. La justicia brasileña justificó la medida tras la negativa de esa plataforma a eliminar contenidos falsos y cuentas vinculadas a la difusión de desinformación. Lula fue categórico: “Todas las empresas, nacionales o extranjeras. deben cumplir la ley brasileña”.

“No se trata de censura”, dijo, sino de “proteger a la ciudadanía de delitos como el racismo, la violencia de género y los intentos de socavar la democracia”.

La escalada va en aumento. Durante los allanamientos a Bolsonaro, también se encontró impresa una copia de la demanda de Rumble contra el juez Alexandre de Moraes. La ofensiva legal de la empresa estadounidense, que está vinculada a Trump Media, apunta directamente contra las decisiones del Supremo Tribunal Federal. Y en una acción poco común, un tribunal de Florida autorizó a adjuntar esa denuncia a una causa abierta contra el juez brasileño por presunta “censura”.

¿Por qué tanto interés de Trump en Bolsonaro?

Más allá de la afinidad ideológica y personal, que es innegable, parece haber algo más profundo. Bolsonaro es uno de los principales aliados de Trump en América Latina, y su hijo, Eduardo Bolsonaro, lleva viviendo en Estados Unidos desde hace meses. La justicia brasileña sospecha que ha destinado grandes sumas de dinero para presionar a autoridades estadounidenses, buscar sanciones, como las medidas arancelarias o sanciones contra jueces brasileños e incluso preparar un posible escenario de asilo político.

En esa línea, el juez Moraes aseguró en su resolución que Bolsonaro cometió un intento de extorsión al condicionar el fin de las sanciones arancelarias de Trump a una eventual amnistía en su favor. Lo más grave: lo habría confesado públicamente.

“La conducta del acusado es tan grave y descarada que en conferencia de prensa admitió sus acciones criminales conscientes y voluntarias, condicionando el fin de la sanción a su propia amnistía”, señaló Moraes

Bolsonaro, por su parte, salió al paso de las acusaciones. Negó cualquier intento de huida, declaró que el dinero en su casa era “dólares declarados” y dijo desconocer el pen drive encontrado en su baño. En su versión, solo quería hablar con el encargado de negocios de la embajada estadounidense para discutir los aranceles, ya que según él, si Brasil sigue comerciando petróleo con Rusia, los aranceles podrían subir aún 100%. Incluso insinuó que las grandes tecnológicas estadounidenses deberían abandonar el país.

Pero la posibilidad de buscar refugio político parece haberse cerrado por completo. Bolsonaro ya no puede acercarse a ninguna embajada ni hablar con diplomáticos. Lleva una tobillera electrónica, está bajo vigilancia permanente y enfrenta un juicio que, según él mismo, lo más probable es que lo condene.

Esta situación tiene profundas implicaciones no solo para el futuro político de Bolsonaro, sino para las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. A menos de un año de iniciarse formalmente la campaña presidencial en ambos países, el caso pone a prueba la independencia judicial, la soberanía nacional y la estabilidad económica regional. Brasil mira ahora hacia otros socios: la Unión Europea, Asia, África y América Latina. Y no descarta recurrir a la Organización Mundial del Comercio si las amenazas de Washington se concretan.

Para Trump, esta jugada puede ser riesgosa. Aún tiene cartas por jugar: podría sancionar individualmente a jueces o funcionarios brasileños, como ya hizo con la relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese. Pero eso puede generar un costo político incluso mayor para él. Y su última carta, su propia imprevisibilidad, podría no ser suficiente esta vez.

Por ahora, Jair Bolsonaro está entre la espada y la pared, sin espacio para moverse, a menos que la Corte Suprema revoque las medidas cautelares. En tanto, Donald Trump, al tratar de salvar a su aliado, expuso una tensión que puede escalar mucho más allá de la figura de un expresidente: pone en jaque los límites entre justicia nacional y presión extranjera, entre soberanía y diplomacia, entre ley e impunidad.