Agentes de la Guardia Civil han investigado a un hombre por la instalación y posterior intento de venta de una vivienda tipo mobilhome en una parcela rústica durante una actuación desarrollada por el Seprona en el término municipal alicantino de Campo de Mirra, según ha informado el instituto armado en un comunicado. El inmueble fue ofertado por un precio de 29.000 euros en un conocido portal de compraventa online, pese a carecer de autorización y estar ubicado en un terreno clasificado como no urbanizable. Por estos hechos, se le atribuyen un presunto delito urbanístico y otro en grado de tentativa por estafa . Por otro lado, días después, el instituto armado realizó una nueva investigación a una pareja por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, tras detectar la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable dentro del Parque Natural de la Sierra de Mariola, en el término municipal de Alcoy. Los hechos se remontan a otra inspección realizada por el Equipo del Seprona de Ibi, en una parcela de la partida Barchell, donde los agentes detectaron una construcción de carácter residencial sin la preceptiva licencia urbanística. Durante la visita, los ocupantes impidieron el acceso a la propiedad , cerrada con un vallado y un muro de cipreses opaco de dos metros de altura, lo que obligó a remitir denuncia adicional por obstrucción a la labor inspectora . Tras recabar los informes oportunos del Ayuntamiento de Alcoy, se confirmó que la obra es incompatible con la normativa urbanística y que la edificación es ilegalizable por incumplir los parámetros de superficie, ocupación y retranqueos. El suelo, además, está clasificado como no urbanizable por su valor paisajístico y medioambiental dentro de la zona de amortiguación del Parque Natural Sierra de Mariola, incluido en la Red Natura 2000 y Zona ZEPA, motivo por el que también se notificó a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. Por todos estos hechos, los investigadores han realizado una propuesta de sanción en materia de seguridad ciudadana a los responsables de la vivienda, un hombre de 53 años y a una mujer de 48, ambos de nacionalidad española, remitida a la Subdelegación del Gobierno en Alicante. Además, estos responsables han sido investigados por un delito relativo a la ordenación del territorio y urbanismo ante la fiscalía de medioambiente de la Provincia de Alicante.
