La Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han liberado a 162 mujeres víctimas de una organización criminal que las explotaba sexualmente en inmuebles que adquirían y convertían en prostíbulos en varias provincias españolas. Según informó este martes la Guardia Civil, durante la operación han sido detenidas 37 personas -22 en Valencia, cuatro en Málaga, cuatro en Murcia, cuatro en Castellón y tres en Alicante-, de las cuales nueve han ingresado en prisión provisional. La investigación se inició tras la denuncia de tres víctimas que declararon haber sido explotadas sexualmente por varios individuos en diferentes localidades españolas, lo que permitió descubrir una red criminal asentada principalmente en la Comunidad Valenciana. El entramado delictivo se dedicaba a captar mujeres sudamericanas en situación vulnerable, tanto en España como en sus países de origen, a las que obligaban a ejercer la prostitución en diferentes ubicaciones del territorio nacional. Las mujeres dormían hacinadas en literas o en las mismas camas donde atendían a los clientes, en lugares cerrados con mala ventilación y condiciones de habitabilidad deplorables , según los investigadores. Los prostíbulos contaban con encargadas las 24 horas que controlaban a las víctimas, cobraban a los clientes y facilitaban sustancias estupefacientes cuando se solicitaban, todo bajo vigilancia permanente mediante cámaras. Las mujeres solo podían salir dos horas al día y debían entregar el 50% de cada servicio a la organización, además de enfrentarse a multas por diversos motivos impuestos por los criminales. La red criminal rotaba a las víctimas entre diferentes locales según su conveniencia, expandiendo su actividad desde la Comunidad Valenciana hacia Cataluña, Murcia y Málaga. La organización estaba estructurada en tres niveles: los líderes en la cúspide, personas de confianza en el nivel intermedio para supervisión y recaudación, y en la base las encargadas, conductores y otros colaboradores. Los agentes realizaron 39 registros en siete provincias diferentes , incautando 141.000 euros en efectivo y tres vehículos. La investigación patrimonial sigue abierta para analizar el blanqueo de capitales. Se han bloqueado más de 60 cuentas bancarias y diversos bienes muebles e inmuebles de los presuntos responsables para garantizar su eventual decomiso tras el proceso judicial. La operación ha permitido desarticular una de las mayores redes de explotación sexual descubiertas en España en los últimos años, según fuentes de la investigación. El Área Regional de Vigilancia Aduanera mantiene abierta una investigación sobre el entramado económico de la organización, analizando la información bancaria y la documentación contable intervenida en los registros. Los investigadores están estudiando las libretas de contabilidad de cada local y los ordenadores donde los cabecillas organizaban las cuentas del negocio criminal.
