La Audiencia Provincial de Granada ha ordenado este jueves 24 de julio investigar a Juana Rivas por la presunta comisión de un delito de sustracción de menores. El auto, emitido por la Sección Segunda y al que ha accedido ABC, estima parcialmente el recurso de apelación que su exmarido, Francesco Arcuri , presentó el pasado 9 de mayo contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada que permitió que el hijo menor de ambos, Daniel, de once años, permaneciera con la madre en Granada tras agotarse el periodo vacacional que se había acordado. Esa medida cautelar, adoptada por el juzgado granadino en enero, evitó el regreso de Daniel a la localidad italiana de Carloforte , en Cerdeña. La Audiencia, ahora, decide abrir diligencias de investigación contra Rivas para determinar si durante los últimos siete meses, Daniel ha permanecido en Granada contraviniendo lo acordado por un tribunal italiano, que había dicho que Daniel debía regresar con su padre. El auto de la Audiencia no ahorra críticas hacia Juana Rivas. Entiende que se llevó a su hijo menor de Italia « sin importarle el daño psicológico » que eso podía causarle y, como antes han hecho otros tribunales italianos, la acusa de «alterar el régimen de custodia», que pertenece a Francesco Arcuri. En otras palabras: a sabiendas de que en enero, al término de las vacaciones navideñas, el chico debía volver, se quedó con él. La decisión que adoptó el 7 de enero el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada y que permitió al niño seguir en España fue «precipitada», según aprecia la Audiencia, sobre todo porque su titular «conocía» dos sentencias anteriores que la acusaban de « intentar romper el vínculo » entre el padre y los hijos. También pone en duda los malos tratos que Rivas dice haber sufrido -ella y sus hijos-, unas denuncias sistemáticas que achaca «a su voluntad de oscurecer la figura paterna ante sus hijos, a los que estaría »utilizando« en el larguísimo litigio judicial que mantiene con quien fue su pareja. Juana Rivas ya fue condenada por sustracción de menores en 2017. Después de que el Tribunal Supremo ratificara ese extremo, llegó a ingresar en prisión y posteriormente fue indultada por el Gobierno, aunque a condición de que no volviera a incurrir en un delito similar hasta finales del año 2025. Es decir, esa prohibición sigue en vigor.
