En fallo unánime: Corte Suprema desestima requerimiento de remoción contra el fiscal Cooper
Este lunes la Corte Suprema desestimó, de manera unánime, el requerimiento de remoción presentado por un grupo de diputados oficialistas contra el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
La vocera del máximo tribunal, la ministra María Soledad Melo, informó que el pleno resolvió rechazar la solicitud que acusaba al persecutor de filtraciones indebidas, sesgo político y falta de perspectiva de género en el marco del caso Sierra Bella.
“Existen algunas prevenciones que se estamparán en la decisión que será puesta en conocimiento de los intervinientes”, expuso la magistrada. Además, señaló que la resolución será formalizada próximamente en un fallo escrito y entregado a las partes involucradas.
Tras la resolución, la abogada de los diputados que pidieron la destitución de Cooper, Karinna Fernández, lamentó la decisión de la Corte Suprema. Especialmente, criticó que, ante la fortaleza de los antecedentes, la determinación del máximo tribunal haya sido unánime. “(Los antecedentes) involucraban, por ejemplo, que se le entregó información a un tercer actor no interviniente en la causa por parte de un fiscal regional, a un adversario político”, expuso.
“Estos son hechos de especial gravedad que no resistirían análisis en el derecho internacional. Sin embargo, en nuestro país parece que hay instituciones que se resisten a cumplir con sus funciones y analizar la profundidad de la evidencia”, agregó.
Recordemos que el requerimiento fue ingresado el pasado 24 de marzo por diez parlamentarios de diversas bancadas oficialistas, entre ellos Carmen Hertz, Lorena Pizarro, Luis Cuello (PC), Ana María Gazmuri (AH), y Juan Santana (PS), quienes cuestionaron la actuación del fiscal en los procedimientos que involucraron a la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola y a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).
Los parlamentarios cuestionaron el proceder del fiscal Cooper durante el allanamiento a la casa de la diputada Cariola, llevado a cabo mientras ella se encontraba hospitalizada tras dar a luz, el pasado 3 de marzo. En ese sentido, a juicio de los solicitantes, esa acción evidencia una falta de perspectiva de género y un trato desproporcionado.
También, se encontraba entre los argumentos la supuesta falta de diligencia del fiscal regional para investigar eventuales vínculos entre la causa y un posible tráfico de influencias a favor del empresario Emilio Yang.