La pensión anual de casi 8.000 euros a la que puedes acceder sin haber cotizado ningún día
En España, acceder a una pensión de jubilación suele requerir haber contribuido al sistema de la Seguridad Social durante un mínimo de 15 años, con al menos dos de ellos situados en el periodo inmediatamente anterior a la solicitud de la prestación. Esta restricción deja fuera a personas que, por distintas circunstancias, no han podido alcanzar ese mínimo a lo largo de su vida laboral.
Para situaciones donde la cotización ha sido inexistente o insuficiente, el sistema español ofrece la pensión no contributiva de jubilación. Este mecanismo busca garantizar unos ingresos mínimos a quienes no tienen recursos ni derecho a la opción contributiva, facilitando así una protección básica durante la vejez.
Requisitos para acceder a la pensión no contributiva
La pensión no contributiva de jubilación está sujeta a una serie de condiciones orientadas a cubrir solo los casos de auténtica necesidad:
- Edad: Es imprescindible tener al menos 65 años en el momento de la solicitud.
- Residencia: Se exige haber residido legalmente en España un mínimo de 10 años, computados desde los 16 años hasta la fecha de la solicitud. Además, al menos dos de esos años deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores al momento de pedir la pensión.
- Ingresos: El solicitante no debe superar los 7.905,80 euros anuales en rentas propias para 2025. Esta cantidad se ajusta si la persona convive con familiares, aumentando el umbral máximo de ingresos para reflejar el tamaño y la relación dentro de la unidad familiar. Por ejemplo, con dos convivientes el límite es de 13.439,86 euros; para tres, 18.973,92 euros, y así sucesivamente. Si los convivientes son padres o hijos, los límites son significativamente más elevados, adaptándose a la singularidad de cada núcleo familiar.
Cuantía y condiciones para mantener la prestación
La cuantía máxima de la pensión no contributiva de jubilación en 2025 se fija en 7.905,80 euros anuales, distribuidos en 14 pagas mensuales. El importe recibido puede disminuir si el beneficiario dispone de ingresos adicionales, pero se garantiza siempre un mínimo estable.
Para conservar el derecho a esta pensión, es obligatorio presentar cada año, durante el primer trimestre, una declaración de ingresos. A través de este trámite, la Seguridad Social comprueba que se siguen satisfaciendo las condiciones que dieron lugar al reconocimiento de la prestación.