Lo que nos deja este Congreso: 142 leyes, 51 problemas y ningún responsable, por Susana Chávez
Por Susana Chávez, PROMSEX
En el último año legislativo, el Congreso de la República ha aprobado 142 proyectos de ley. De ellos, al menos 51 no solo son técnicamente inviables, sino que representan claros retrocesos para el Estado de derecho. No estamos hablando de errores legislativos, sino de un patrón: una producción normativa impulsada por posiciones ideológicas religiosas, populistas o abiertamente contrarias a la igualdad de género y los derechos humanos.
Los datos del monitoreo legislativo del periodo 2024-2025 son alarmantes. En primer lugar, los proyectos vinculados a temas de democracia (29 en total) tienen una altísima proporción de iniciativas inviables, que buscan desde la salida del sistema interamericano de justicia hasta la limitación del control constitucional. Este tipo de propuestas, además de debilitarnos institucionalmente, nos alejan de cualquier posibilidad de integración con estándares internacionales como los de la OCDE.
En segundo lugar, están los proyectos que afectan directamente la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Solo en este campo se han presentado 36 iniciativas, muchas de ellas centradas en adolescentes, que reflejan una narrativa conservadora y estigmatizante. Aunque algunas podrían corregirse técnicamente, el impulso político que las sustenta tiene como objetivo impedir avances en autonomía, educación sexual integral y acceso a servicios.
Pero quizá el campo más preocupante es el de la violencia de género. Se han presentado 48 proyectos, de los cuales 15 resultan abiertamente perjudiciales. Más que aportar soluciones, son verdaderos obstáculos que podrían impedir avances en prevención, atención y sanción de la violencia. A esto se suma una alarmante desidia legislativa frente a la violencia sexual, incluso cuando esta ha tocado al propio Congreso, hoy presidido por una persona acusada de haber participado en una violación sexual.
Y como si fuera poco, aparecen también iniciativas mercantilistas y clientelistas que, disfrazadas de beneficios sociales, buscan consolidar bolsones electorales a costa de vaciar de contenido técnico las políticas públicas. En el mismo paquete encontramos propuestas que pretenden someter a los órganos técnicos del Ejecutivo a presiones políticas directas.
No podemos seguir esperando que este Congreso rectifique. Mucho menos cuando quienes lo dirigen representan la negación de cualquier política seria de protección de derechos. Lo que urge es que quienes aspiran a conducir el país —desde el Ejecutivo o el nuevo Parlamento— asuman la gravedad del retroceso normativo que se está dejando como herencia.
No por gusto, este Congreso y este gobierno tienen apenas 3% de respaldo ciudadano. No esperamos ya nada de ellos. Pero sí esperamos mucho más de una ciudadanía que empiece a tomar conciencia de la precariedad en la que se está dejando el sistema de derechos en el país.
El desafío no es solo reconstruir lo dañado, sino impedir que la regresión se normalice. Ese debe ser el horizonte de cualquier proyecto político democrático que quiera gobernar con dignidad.
Aunque así estemos de mal, no dejemos de decir felices fiestas patrias y de sentirnos orgullosos de ser quienes somos.