Un mensaje patriótico para la mitad del Perú, por Las Tejedoras
* Por: Janeyri Boyer Carrera. Docente PUCP. Consultora experta en derecho y políticas públicas. Ex presidenta de SERVIR.
¿Cuál es el mensaje de la Municipalidad de Lima a las mujeres de las ollas comunes cuando les entrega sangrecita y conservas de caballa en condiciones deplorables? ¿Y el mensaje del Ejecutivo a las niñas wampis y awajun violadas en Condorcanqui masiva e impunemente desde 2010?
¿Qué está diciendo el Congreso a las mismas niñas y mujeres si, ante la fallida derogatoria del aborto terapéutico, hostiliza a las instituciones de salud para que lo retiren de sus protocolos de atención? O ¿Cuando debilita a la institución creada para hacer realidad sus derechos (MIMP), o cuando las invisibiliza erradicando el internacional enfoque de género de las políticas públicas?
Allí no acaba el mensaje del Congreso. Siglos de reivindicaciones en derechos políticos fueron arrasados cuando eliminó la paridad y alternancia de las candidaturas a gobiernos regionales y locales. Hablan de sostenibilidad, pero archivan el PL para una política nacional de cuidados, a pesar de que la ONU la incluye en sus ODS, que los vecinos Brasil y Chile sean ejemplos de este acuerdo global; o que la OCDE recomienda al Perú (2024) adoptar medidas para que cuidar no prive a las mujeres de sus derechos económicos y sociales.
Pero hay más. Hemos transitado de que 4/10 puestos de poder en el Estado sean ocupados por mujeres a 3/10 (SERVIR, 2025) ignorando el mérito, la voz y liderazgo femeninos. El silencio estadístico sobre acoso y corrupción sexual; y la ausencia de voluntad política contra la trata impiden su erradicación. Denunciados o condenados por delitos de violencia contra la mujer son congresistas, policías, ministros, vocales de la JNJ con la bendición de otras autoridades, como el Defensor del Pueblo. Luego, no sorprende que el 56.5% de hombres de 18 años a más justifique la violación sexual (ENARES, 2024).
Basta de mensajes vacíos. Quienes aspiran a dirigir el país deben probar que harán algo real por los derechos del 50.4% de la población peruana (INEI 2024).