Un mes después de la huelga de jueces y fiscales, el Ministerio de Justicia ha cerrado filas en su relato: sólo un juez y 28 fiscales secundaron oficialmente el paro convocado entre el 1 y el 3 de julio . El departamento de Félix Bolaños ha remitido estos datos a final de mes para justificar que se aplicará la correspondiente deducción salarial únicamente a quienes comunicaron su participación por escrito. Para el Gobierno, el impacto fue prácticamente nulo. Sin embargo, el 1 de julio, las cinco principales asociaciones judiciales y fiscales hablaban de una realidad muy distinta. Según denunciaron entonces en rueda de prensa conjunta, el 75 por ciento de los jueces y fiscales se sumaron a la primera jornada del paro como señal de protesta contra las reformas del Ministerio, a las que acusan de socavar la independencia judicial. Las cifras oficiales difundidas ahora por Justicia no recogen ese seguimiento porque, según el propio Ministerio, no se computa a quien no hubiera notificado formalmente su ausencia, pese a estar de baja, de permiso o incluso designado en servicios mínimos. La disparidad de versiones es evidente. Para Justicia, el único juez que comunicó su adhesión representa apenas el 0,01 por ciento del total de 6.259 magistrados; los 28 fiscales suponen un 0,87 por ciento de los 3.185 miembros del Ministerio Público. Por su parte, las asociaciones convocantes: APM, (Asociación Profesional de la Magistratura), AJFV, (Asociación Judicial Francisco de Vitoria), FJI, (Foro Judicial Independiente), AF, (Asociación de Fiscales), y APIF, (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales), defendieron entonces el éxito de la huelga y pidieron perdón a la ciudadanía por las molestias, que, aseguran, el Gobierno no hizo nada por evitar. En el centro del conflicto está la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, que introduce una nueva vía de entrada y plantea, según los colectivos profesionales, una politización del proceso y un debilitamiento del mérito y la capacidad. A ello se suma la reforma del Estatuto Fiscal, que abre la puerta a que los fiscales, dependientes del Gobierno, asuman la instrucción penal en lugar de los jueces, sin haber blindado previamente su autonomía. El Ministerio insiste en que ninguna de las reformas afecta a la independencia judicial y descarta su retirada. La norma, actualmente en tramitación parlamentaria, contempla además la regularización de 1.004 jueces y fiscales sustitutos y la convocatoria de cerca de 1.500 nuevas plazas en los próximos tres años. Para las asociaciones, se trata de una medida urgente del Ejecutivo «acechado por la corrupción» que compromete el equilibrio institucional. De momento, los convocantes han cerrado el ciclo de paros, pero no descartan nuevas movilizaciones tras reunirse para valorar el alcance de la protesta. Para la APM, la huelga fue «una defensa de lo que somos como sociedad» y no una simple reivindicación corporativa.
