Solo un juez y 28 fiscales perderán parte de su salario por hacer huelga contra el Gobierno

El Ministerio de Justicia que dirige el Félix Bolaños ha informado de que solo un juez y 28 fiscales han comunicado oficialmente su participación en la huelga que tuvo lugar del 1 al 3 de julio contra varias reformas del Gobierno en materia de Justicia, renunciando así a su salario y a la cotización a la Seguridad Social por no haber trabajado.

La huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución. Pero en el caso de jueces y fiscales está en un limbo legal porque no existe soporte normativo que lo sustente. Tampoco que lo prohíba. Por ejemplo, son los propios huelguistas los que fijan los servicios mínimos. En las cinco convocatorias previas —con gobiernos del PP y del PSOE— quienes las secundaron no perdieron la parte del salario correspondiente a ese día, como le ocurre al resto de trabajadores. Su paro sólo quedó reflejado a efectos estadísticos. Lo mismo ha ocurrido en esta ocasión salvo para las 29 personas que sí han informado de su participación.

En un comunicado, Justicia ha detallado que transcurrido un mes desde el paro convocado por diferentes asociaciones judiciales y fiscales, un total de 29 personas han comunicado oficialmente su participación, entre ellos un juez, que informó directamente a las gerencias territoriales del Ministerio, y de 28 fiscales, que lo hicieron a la Fiscalía General del Estado.

En total, según la información obtenida por el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía, “el número de personas que secundaron el paro y a quienes se les practicará la correspondiente deducción salarial” son un juez de un total de 6.259 (un 0,01%); y 28 fiscales de un total de 3.185 (un 0,87%), de los cuales 19 lo secundaron 3 días, 1 lo secundó 2 días y 8 lo secundaron tan solo 1 día.

“Como es sabido, el derecho a huelga implica algunos deberes para cualquier persona trabajadora. Uno de ellos es comunicar que se secunda la protesta al organismo pagador, ya que la huelga supone la suspensión de la relación laboral, por lo que no se percibe salario ni se cotiza a la Seguridad Social durante ese período”, ha recordado Justicia en su escrito.

Por ello, el Ministerio solicitó al CGPJ y a la Fiscalía que se le informase de los jueces y fiscales que no acudían a su puesto de trabajo entre el 1 y el 3 de julio con el fin de conocer el seguimiento de la convocatoria y “detraer el salario de quienes la secundasen”.

“Una comunicación imprescindible, además, para asegurar el buen uso de los fondos públicos, ya que el Ministerio es el organismo pagador de sus nóminas y, consecuentemente, quien tiene que practicar la correspondiente detracción de haberes”, han proseguido desde la cartera que dirige Félix Bolaños.

Las asociaciones dicen que hubo in 70% de seguimiento

El 0,1% y el 0,87% de jueces y fiscales que han comunicado el seguimiento de la huelga contrasta con la cifra aportada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) --todas menos las progresistas--, en que fue de un 70%.

En un comunicado conjunto, las convocantes del paro explicaron que “esta estimación se fundamenta en los correos electrónicos voluntarios y confidenciales recibidos de compañeros y compañeras que han comunicado su decisión de secundar la huelga”.

En cambio, Justicia, apoyándose en “los datos oficiales facilitados al Ministerio por los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, referidos al conjunto del territorio de cada una de sus comunidades autónomas”, situó el seguimiento total de la huelga en un 31%.

Las asociaciones protestaron contra las reformas del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía al entender que atentan contra la independencia judicial y, por ende, contra el Estado de Derecho, algo que el departamento que dirige Félix Bolaños niega, al tiempo que insiste en que los cambios son “imprescindibles” para modernizar la administración de justicia.