Una sentencia del Supremo da esperanzas a los regantes para salvar el trasvase Tajo-Segura de los recortes drásticos planeados por el Gobierno, al sentar un precedente. «Es la primera vez que dicen el Ministerio que está actuando arbitrariamente», ha subrayado el presidente del Scrats, Lucas Jiménez. Aunque directamente, «no va a tener una gran trascendencia» en la planificación de la cuenca del Tajo, también se trata de la primera ocasión en que el Alto Tribunal «atiende a razones que no son medioambientales y se la da al usuario», en este caso, los productores de pistacho, en un recurso presentado por una asociación europea. Al tratarse igualmente de los caudales ecológicos del río, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura ( Scrats ) confía en que se aplique idéntico criterio para resolver su recurso presentado también para que no prime esa elevación del volumen de agua de paso por el cauce sobre cualquier otra cuestión. En espera de ese desenlace favorable, Jiménez matiza no obstante que de momento las perspectivas ciertas siguen siendo de preocupación. «De todo lo prometido por el Gobierno , no hemos visto nada , pero lo que se acerca es el recorte», ha subrayado Jiménez, en referencia a las obras y dotaciones de infraestructuras hídricas anunciadas como alternativa a los trasvases. «Se han tardado veinte años en conseguir 80 hectómetros cúbico en una desalinizadora en Torrevieja y ahora se habla de llegar a 150, ¿en otros veinte o en treinta años?», se ha preguntado el portavoz agrario. Esa incertidumbre sobre los plazos de las obras ministeriales ha sido apuntado también esta misma semana por el diputado nacional del PP Joaquín Melgarejo , para quien «lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez es un engaño a los agricultores y a los ciudadanos del sur de la provincia, a los que se les recorta agua del trasvase sin que tengan medidas alternativas que palíen ese déficit hídrico». A su juicio, «no hay certeza alguna de que llegue agua a la cuenca; no hay nueva agua, ni infraestructuras ni para generarla ni transportarla». Melgarejo ha detallado que la conducción desde la desaladora de Torrevieja no ha comenzado su ejecución por falta de financiación y por graves problemas ambientales de trazado sin resolver. Y las ampliaciones de las plantas de Águilas y Torrevieja están en fase de redacción de proyectos. Asimismo, alerta del problema de «la cuestionada planta fotovoltaica de San Miguel de Salinas , que sigue sin ubicación determinada y con alternativas igualmente rechazables por razones ambientales y de paisaje». Esta infraestructura auxiliar debe suministrar la energía a la planta desalanizadora de Torrevieja, para poder aumentar su producción.
