El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha notificado el cese cautelar de un centro de refugiados que carece de licencia. La decisión se produce al saberse que el Gobierno pensaba alojar allí a los 400 menores que se hacinan en Canarias y que el Ejecutivo adjudicó unilateralmente a la Comunidad de Madrid, que ha recurrido la decisión ante el Tribunal Supremo. El Gobierno ha reaccionado con escándalo. Pero es lógico que los ayuntamientos rechacen esta situación, sobre todo si no reciben los recursos adecuados. No es una cuestión que tenga que ver con el color político del municipio. En Madrid hay ayuntamientos socialistas, como el Fuenlabrada, que se oponen a recibir a estos niños. Estamos ante una guerra abierta de instituciones a distintos niveles, provocada por la manera poco creíble con que el Gobierno repartió este contingente. Todo el mundo sabe que aquellos territorios que son clave para que Pedro Sánchez siga en el poder, no los recibirán bajo la excusa de que ya tienen demasiados.
