Aranceles del 50% y sanciones a jueces: la cruzada de Trump contra Brasil por el caso Bolsonaro

La escalada de tensiones diplomáticas, comerciales y judiciales entre Estados Unidos y Brasil suma un nuevo capítulo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó este miércoles una orden ejecutiva para imponer los aranceles del 50% que ya había amenazado contra el país sudamericano, los que entrarán en vigor en los próximos días.

¿La razón? Según la Casa Blanca, las políticas del gobierno brasileño contra la libertad de expresión y, particularmente el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, constituyen una “emergencia económica” y una violación a los derechos humanos, todo esto bajo la polémica justificación de la Ley Magnitsky de 1977.

Así entonces, los objetivos comerciales no son el principal motivo detrás de esta medida. El documento firmado por Trump acusa directamente a autoridades brasileñas —en especial al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes— de liderar una persecución judicial contra Bolsonaro y miles de sus simpatizantes. Lo acusan de censura, de detenciones arbitrarias, de amenazar a empresas estadounidenses, e incluso de congelar activos.

El caso Bolsonaro

El expresidente está acusado de idear una conspiración para librar un golpe de Estado cuando Luiz Inácio Lula da Silva lo reemplazó como mandatario de Brasil. La justicia brasileña impuso sobre él una serie de estrictas medidas cautelares: arresto domiciliario nocturno, tobillera electrónica, prohibición de comunicarse con su hijo —el diputado Eduardo Bolsonaro quien vive actualmente en Estados Unidos—, la imposibilidad de usar redes sociales y no puede reunirse con diplomáticos o acercarse a una embajada. Se trata de un juicio complejo que podría resolverse en septiembre.

Pero lo que llama la atención y preocupa, es la magnitud del respaldo que está recibiendo desde Estados Unidos. No solo político, sino diplomático, económico y hasta judicial.

Desde hace meses, Eduardo Bolsonaro y el influencer Paulo Figueiredo, radicado en Florida, han articulado una campaña de presión en Washington para sancionar a las autoridades brasileñas, usando como herramienta la Ley Magnitsky.

“Yo abro la puerta, tú eres el cerebro”, le dice Bolsonaro (hijo) a Figueiredo en un video subido a Youtube. Ambos lideran la ofensiva internacional que hoy se traduce en aranceles, en sanciones contra jueces y en un intento de presentarse ante el mundo como víctimas de una persecución política, cuando en realidad enfrentan procesos judiciales legítimos por hechos graves.

Como parte de su respuesta, la administración Trump anunció la revocación de visados estadounidenses a De Moraes, a otros jueces de la Corte Suprema y a sus familiares inmediatos. Según el comunicado, esta medida sigue la directiva “America First Policy”, que establece que la política exterior de Estados Unidos debe priorizar los intereses y la seguridad de sus ciudadanos. El 28 de mayo de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, implementó restricciones de visado para individuos extranjeros implicados en censurar la libertad de expresión protegida por la ley estadounidense. Una medida similar a la que la administración republicana tomó contra la relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese. 

Por primera vez una autoridad brasileña es objeto de un castigo de este tipo.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, acusó al juez De Moraes de liderar una “campaña opresiva de censura”. Y el secretario de Estado del mismo país, Marco Rubio, fue más allá: “Que esto sirva de advertencia: las togas no pueden protegerlos”.

Desde Brasil, la respuesta fue tajante. Lula da Silva calificó como “inaceptable” la interferencia extranjera. Emitió una nota oficial titulada: “Brasil es un país soberano y democrático”, defendiendo la independencia del poder judicial y anunciando contramedidas. Ya firmó un decreto que activa la Ley de Reciprocidad, que permite aplicar sanciones comerciales y diplomáticas proporcionales.

Implicancias económicas y políticas de la intromisión extranjera a un caso judicial

Las aranceles aplicados por Trump dejan a Brasil en una situación no delicada, pero sí incomoda. Estados Unidos es el segundo socio comercial del gigante de Sudamérica . Y aunque el decreto del líder republicano contempla excepciones, como los aviones comerciales, el jugo de naranja y los productos energéticos, se estima que cerca del 36% de las exportaciones brasileñas a EE.UU. se verán afectadas. Las pérdidas en el sector agrícola podrían superar los US$5 mil 800 millones, según la Confederación de Agricultura de Brasil.

El gobierno de Lula está diseñando un plan de apoyo estatal para mitigar los efectos. Incluye líneas de crédito para el agro, medidas fiscales, respaldo a industrias específicas y una estrategia para redirigir exportaciones hacia otros mercados. Pero el daño está hecho.

Además de lo económico, este conflicto tiene otra gran arista. La político-judicial, pues la intromisión directa y sin matices de Trump en un proceso interno recuerda a las peores prácticas de la Guerra Fría. La diferencia es que ahora no se trata de combatir el comunismo (sin caer en las caricaturas), sino de defender a una figura política específica Bolsonaro, en el marco del auge de las extremas derechas y las derechas populistas a nivel global, de las que él es una pieza clave.

Mientras, la arista comercial deja a Brasil en una posición muy vulnerable. Porque más allá de las medidas de Lula, la realidad es que Trump actúa de forma impredecible. Hoy impone un arancel del 50%, mañana puede subirlo, bajarlo, ampliarlo o cancelarlo, lo que genera una inestabilidad que es difícil de gestionar para cualquier país que dependa del comercio exterior.

Pero el mensaje de fondo es aún más preocupante. Esta semana, Trump también lanzó una ofensiva similar en el caso del expresidente Uribe en Colombia. Y todo indica que esta nueva lógica de presión judicial y diplomática podría repetirse en otros países con procesos judiciales abiertos, o incluso, quien nos dice que no podría hacer lo propio en campañas a favor o contra figuras de la política interna de la región.

Trump ya no solo influye en la política de Estados Unidos, sus acciones tienen eco directo en América Latina. No por lo que representa su cargo, sino por el tipo de liderazgo que encarna: populista, mediático, sin filtros ni normas claras. Lo que diga o haga puede tener consecuencias reales en nuestras instituciones democráticas.

Hoy, las discusiones políticas internas de un país como Brasil no pueden ignorar la posición del magnate republicano. Eso, nos guste o no, nos deja frente a una realidad que será cada vez más difícil de esquivar: los conflictos internos, ahora más que nunca, tienen dimensión internacional.