La Policía Nacional ha desbaratado un entramado presuntamente criminal comandado por un experto en márketing de afiliados, una especie de gurú del sector, muy conocido: el bilbaíno Joaquín G. B., de 55 años. Fuentes del caso cifran en 5 millones de euros el quebranto económico a 803 víctimas. Su empresa sí que ganó: 52 millones con lo que se califica por los agentes «una estafa piramidal». El encartado, que ha sido detenido por la Unidad Central de Delitos Económicos y Financieros (DEF), lleva en el mundo de las inversiones desde al menos el año 2011. Su presencia en publicaciones de ese ámbito, entrevistas e intervenciones en numerosos programas audiovisuales lo habían convertido en alguien en el que, supuestamente, se podía confiar. Así fue como engordó una cartera de clientes poderosa. A través de dos mercantiles, Lyoness Spain y Lyoness Europa, ofrecía dos tipos de negocio: por un lado, las compras y fidelización con descuentos; y, por otro, el márketing de recomendación, un programa en el que los inversores se convertían también en preceptores y formadores de nuevos clientes. «Se trata, presuntamente, de una estafa piramidal», explican a ABC fuentes policiales, que detallan que desde hace catorce años Joaquín G. B. aparece como administrador solidario del entramado empresarial. La operación Peldaño comenzó a raíz de una quereja conjunta de 803 inversores, interpuesta ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Según su relato, habían pagado una sola vez o de manera mensual, dependiendo de la modalidad, por formar parte de la sociedad y obtener ingresos pasivos, recurrentes y vitalicios. Es lo que el empresario ofrecía si se alcanzaban los objetivos marcados. La investigación se inició a raíz de la querella interpuesta por 803 afectados en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, quienes habían invertido en pago único o mensual para formar parte de dicha sociedad y así obtener ingresos pasivos, recurrentes y vitalicios una vez logrados ciertos objetivos. Cuando intentaron recuperar las inversiones, se percataron de que habían sido camufladas para escaparse del control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La empresa carecía autorización. Y se quedaron sin el dinero. En el caso de los clientes que se apuntaban al programa de fidelización como distribuidores de la comunidad, cada uno debía abonar 2.000 euros entre 2011 y 2014 y luego pagos mensuales de entre 99 y 399 euros a partir de 2015. Los beneficios obtenidos por el enramado procedía principalmente de estas cuotas, así como de los pagos efectuados por otros 'negocios' que ofrecían a sus afiliados, de muy difícil cumplimiento o casi imposible para la gran mayoría, precisan las mismas fuentes.
