Récord de agresiones a Policía y Guardia Civil en la etapa de Marlaska
España registra un récord histórico de agresiones a agentes de las Fuerzas de Seguridad desde que Fernando Grande-Marlaska accedió al cargo de ministro del Interior, en junio de 2018, con un aumento del 36,4%, alcanzando en 2024 la cifra más elevada en toda la serie histórica de datos oficiales disponibles, con 16.878 agentes afectados.
“Esta cifra, de extrema gravedad, no sólo supone una media mensual de 1.406 ataques -frente a los 1.030 que se producían hace siete años- sino que esconde situaciones muy preocupantes como las que se dan en provincias como Alicante, con un aumento del 49,5% de esos atentados desde que Grande-Marlaska fuera nombrado al frente del departamento; en Valencia, en donde ese deterioro de la seguridad de los policías se ha traducido en un 39,3% más de atentados; o en Barcelona, con un 82% de infracciones penales de este tipo registradas en estos años y que confirma el evidente deterioro de la seguridad en el territorio de Cataluña. Madrid tampoco escapa a esta tendencia y en siete años ha visto cómo aumentan en casi un 17% las agresiones a miembros de las FSE, con 257 delitos mensuales que afectan a miembros de ambos Cuerpos destinados en la Comunidad”, según fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP), consultadas por LA RAZON..
La violencia callejera también se han disparado desde que Grande-Marlaska está al frente del Ministerio por delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias en las calles. Así, desde 2018 hay un 60,4% más de estos incidentes en toda España, en 2024 se llegó a una cifra media mensual de 2.445 incidentes de este tipo.
“Las peleas y agresiones en las calles, además, han alcanzado con este Gobierno no sólo el récord histórico en términos absolutos, sino que, además, en 2022 se dio el mayor incremento anual registrado, con un 30,6% más de reyertas y lesiones que en 2021. En cuanto a 2025, todas las informaciones que llegan a desde las diferentes plantillas de España es que están dándose cifras incluso ligeramente superiores a las de 2024, al menos en el primer semestre del año”, agregan.
"El Ministerio del Interior ha demostrado en estos años una tacañería que roza la provocación en un medio de protección esencial para los agentes: el inmovilizador electrónico, también conocido como pistola eléctrica (o Táser). Esta herramienta de intervención permite inmovilizar a sujetos violentos sin necesidad de emplear el arma de fuego, proporcionando a los agentes un medio adicional para su seguridad personal. Se trata, en definitiva, de un recurso crítico para intervenir en episodios violentos". En siete años el Gobierno sólo ha comprado 5.100 dispositivos de este tipo, de los que sólo se han recibido 2.300 y el resto, a 700 unidades por año, llegarán en el periodo comprendido entre este año y 2028. “La cifra total es absolutamente insuficiente, con un número de policías dedicados a la prevención de la delincuencia en la calle que por lo menos triplica esa cifra. En definitiva, el magro esfuerzo del Ministerio por invertir en estas pistolas eléctricas se ha limitado a invertir sólo 17 millones de euros desde 2018, dejando a los policías sin algo que debería estar a disposición de cada uno de los agentes que se dedica a labores de patrullaje o de intervención en orden público”, subrayan.
Por otra parte, Interior sigue sin dotar a todos los policías que lo necesitan de un elemento esencial para reforzar su protección jurídica frente a las cada vez más habituales acusaciones falsas de torturas o malos tratos.
Se trata de los dispositivos unipersonales de grabación, cámaras que los agentes portan en su uniforme y que se activan cuando se detecta que la persona con la que se interviene muestra una actitud agresiva. El departamento de Grande-Marlaska sólo ha distribuido 4.000 dispositivos de este tipo en siete años cuando haría falta, al menos, una cantidad cuatro veces superior a esa.
La prórroga presupuestaria, que mantiene todavía en 2025 las cuentas del Estado de 2023, ha impedido potenciar la inversión en estos medios esenciales para los policías. “Hemos hecho un llamamiento reiterado para que aprobasen en Consejo de Ministros partidas adicionales, con carácter excepcional, que permitieran acelerar las licitaciones de estos medios de protección de los policías. Interior ha hecho oídos sordos a esta demanda, demostrando con ello que sigue ignorando nuestros derechos profesionales. Seguimos reclamando la dimisión o el cese de quien nosotros consideramos ya el peor ministro del Interior que hemos conocido y mantenemos frente a su departamento un conflicto colectivo permanente, desde abril de 2024, porque sigue obstaculizando mejoras como la jubilación digna, la profesión de riesgo para los policías y la equiparación salarial real mientras, al mismo tiempo, se impide cualquier reforma legal que endurezca el castigo penal de las agresiones a los profesionales de la seguridad pública”.