Agua a salvo, III
Recuerdas, ¿verdad? «Sin agua no somos nada» es la frase que inspiró esta serie de artículos sobre la legislación de aguas. Hoy voy a abordar las características que debería tener una legislación de aquella naturaleza para que respete la propiedad y la libertad, proteja el ambiente y favorezca el desarrollo social.
Pero no lo hago en un vacío filosófico ni práctico. Para ello me baso en principios como el de que el derecho surge a partir de las interacciones y conflictos entre individuos, no necesariamente de la intervención de un Estado, bien explicado en el libro «Fundamentos praxeológicos del derecho», de Ricardo Rojas; y en las experiencias del Property and Environment Research Center.
Una legislación de aguas alineada con aquellos principios y experiencia debería:
Definir claramente los derechos de propiedad:
Establecer derechos de propiedad transferibles sobre cuerpos de agua (ríos, lagos, manantiales) o derechos de uso específicos (por ejemplo, para riego, pesca o turismo). Estos derechos pueden asignarse a individuos, comunidades u otras formas de organización, según el contexto. Ejemplo: Similar a los mercados de agua en el oeste de los EE. UU., donde los agricultores pueden vender derechos de agua a municipios o empresas turísticas, una legislación en Guatemala podría facilitar que comunidades locales gestionen manantiales o ríos no navegables.
Mecanismos de mercado para la asignación:
Facilitar el surgimiento de mercados de agua donde los derechos puedan comprarse, venderse o arrendarse, asegurando que el agua se destine a los usos más valiosos (agrícolas, turísticos, domésticos). Esto fomenta la eficiencia y reduce conflictos. Ejemplo: Un agricultor podría vender parte de sus derechos de agua a una empresa turística que desee preservar un lago para actividades recreativas.
Responsabilidad por daños ambientales:
Establecer normas claras que responsabilicen a los propietarios o usuarios por la contaminación o degradación de las aguas. Esto incluye multas, compensaciones o la obligación de restaurar (por ejemplo, tratar aguas negras o reforestar riberas). Basado en «Los fundamentos…», los tribunales privados o sistemas de arbitraje podrían resolver disputas, evitando la burocracia estatal.
Incentivos para la conservación:
Podrían considerarse beneficios fiscales o económicos a los propietarios que implementen prácticas sostenibles, como sistemas de tratamiento de aguas negras, reforestación de riberas o mantenimiento de cauces.
Una legislación de aguas anclada en la propiedad privada y la libertad no es solo un marco teórico: es la clave para transformar un recurso disponible en un motor de prosperidad compartida, donde cada gota cuente para un futuro sostenible
Ejemplo: PERC propone que las tarifas de entrada a parques nacionales se usen para financiar su mantenimiento. En Guatemala, los ingresos por el uso de aguas (por ejemplo, en turismo) podrían ser reinvertidos en la conservación.
Descentralización y participación comunitaria:
Facilitar que las poblaciones locales gestionen sus recursos hídricos mediante acuerdos voluntarios, como propone Rojas. Esto respeta el conocimiento local y fomenta la cooperación. Ejemplo: Comunidades indígenas en Guatemala podrían tener derechos sobre manantiales cercanos, gestionándolos según sus tradiciones y necesidades. Hay que entender mejor las experiencias en Totonicapán, donde las poblaciones han desarrollado sistemas comunales exitosos para la preservación de bosques y fuentes de agua, con comités de vigilancia y guardabosques que integran el manejo hídrico con la conservación ambiental.
Flexibilidad para diferentes tipos de aguas:
Es necesario reconocer que cada tipo de agua (marítimas, lacustres, ríos navegables, no navegables, manantiales, aguas negras) requiere enfoques específicos. Por ejemplo: Aguas marítimas: Gestionadas mediante derechos de pesca o navegación, como las cuotas transferibles individuales propuestas por PERC. Lagos y ríos: Asignar derechos de uso a comunidades o empresas, con obligaciones de reforestación y mantenimiento. Aguas negras: Promover sistemas privados de tratamiento, incentivados por beneficios económicos.
Minimización de la intervención estatal:
Limitar el rol de políticos y burócratas a garantizar los derechos de propiedad y resolver disputas graves, dejando la gestión diaria a los propietarios y usuarios. Evitar regulaciones uniformes que ignoren las particularidades de cada cuerpo de agua, como se critica en «Los fundamentos…».
Promoción del desarrollo social:
Explorar la conveniencia de que los mercados de agua incluyan mecanismos para proteger a las poblaciones vulnerables, como subsidios cruzados o derechos prioritarios para el consumo humano. Fomentar la inversión privada en infraestructura hídrica (por ejemplo, sistemas de riego o plantas de tratamiento), lo que impulsa no solo la conservación del agua, sino la creación de riqueza.
En última instancia, una legislación de aguas anclada en la propiedad privada y la libertad no es solo un marco teórico: es la clave para transformar un recurso disponible en un motor de prosperidad compartida, donde cada gota cuente para un futuro sostenible y justo para los guatemaltecos.
Este artículo es precedido por dos y será seguido por uno, por lo menos. Si te interesan estos temas visita luisfi61.com/