El Govern descarta quejarse ante el Poder Judicial del juez del caso Glovo que criticó "la España sindicalizada"
El órgano de gobierno de los jueces empieza a tramitar la reclamación del Ministerio de Trabajo contra el juez Lobato por sus opinions contra las inspectoras que testificaron en la vista a la empresa de Óscar Pierre
Álvaro Lobato, el juez que difunde ideología antisindical y cree que Glovo sufre “acoso”
La Generalitat de Catalunya no se sumará a las quejas que el Ministerio de Trabajo o sindicatos como CCOO han presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las opiniones antisindicales y contra la Inspección de Trabajo que el magistrado Álvaro Lobato expuso en la sentencia por la que descartó una demanda por competencia desleal contra Glovo.
La central que comanda Unai Sordo a nivel estatal y Belén López en Catalunya había instado al Ejecutivo catalán a sumarse a las quejas por el “sesgo ideológico y misógino” de la sentencia de juez para desestimar la demanda Just Eat contra Glovo. El magistrado Lobato llegó a vincular algunas conclusiones de las inspectoras de trabajo que testificaron sobre el modelo de falsos autónomos de la compañía con “tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”.
Consultada por elDiario.es, una portavoz del departamento de Empresa y Trabajo del Ejecutivo catalán ha declinado comentar los motivos de la negativa, si bien ha añadido que, a su juicio, la Inspección de Trabajo a la que se refería la sentencia era la estatal y no la que depende de la Generalitat, además de agregar que CCOO no ha trasladado “formalmente” a la conselleria la petición.
La central sindical fue la última entidad en sumarse a las reclamaciones oficiales ante el órgano de gobierno de los jueces. Preguntado por este diario, el CGPJ ha indicado que se ha empezado a tramitar la queja del Ministerio de Trabajo contra el magistrado Lobato y se ha dado traslado del escrito al promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.
CCOO denunció el “marcado sesgo ideológico y misógino” de la sentencia dictada por el juez Lobato, al que además afeó que “sustituyera el análisis legal por un discurso ideológico alejado de los principios del Derecho”.
Además de su cuestionamiento a las funcionarias, el magistrado, que ha difundido ideología antisindical y liberal en vídeos de la fundación en la que participa, trasladó parte de este ideario a la sentencia del caso que juzgó: defendió la economía de mercado y criticó el “eco de la España sindicalizada”, que, en su opinión, representaron las inspectoras de Trabajo que comparecieron como testigos.
Tampoco se ahorró su opinión el juez sobre el servicio de reparto de comida a domicilio mediante plataformas digitales. Se trata de un negocio, en palabras del magistrado, “innovador, tecnológicamente avanzado” y el marco laboral que lo regula, incluida la conocida como Ley Rider, resulta “controvertido y obsoleto”.
Las opiniones personales del magistrado en el ejercicio de su función jurisdiccional también causaron preocupación en la Unión Progresista de Inspectoras e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (UPIT), que consideró “especialmente preocupante” que, en lugar de analizar con rigor jurídico los hechos, la sentencia “sembrara dudas sobre el ejercicio de las funciones públicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.
Los inspectores denunciaron que Lobato convirtió una sentencia “en una suerte de columna de opinión de índole política, impregnada de valoraciones psicológico-filosóficas sobre la actuación de la Inspección de Trabajo”. Cabe recordar que la expresión “España sindicalizada” que el juez emplea en la sentencia había sido el titular del artículo de opinión que el magistrado había publicado a principios de año.
“Advertimos del grave precedente que supone cuestionar sin fundamento la legitimidad de actuaciones inspectoras cuando afecta a los derechos de la población trabajadora”, alertaron los inspectores, que apoyaron la queja que el Ministerio de Trabajo ha presentado ante el CGPJ para denunciar los pronunciamientos del juez.
El Ministerio que dirige Yolanda Díaz pidió al Consejo que valorara tomar medidas disciplinarias contra el magistrado al tildar sus manifestaciones sobre las inspectoras de Trabajo “totalmente improcedentes”, “impropias de una sentencia judicial” y “carentes de justificación” objetiva.