El miembro de la candidatura de Camps que es acusación en la dana insiste en imputar a Bernabé, eximida por la jueza

La causa de la dana se ha convertido en un proceso para hacer puntos ante las respectivas parroquias. El último, el partido Valores, cuya representación letrada la ejerce Ramón Chapapría, uno de los hombres más cercanos a Francisco Camps en su lucha por desbancar a Carlos Mazón de la presidencia del PP de la Comunitat Valenciana. Valores vuelve a insistir en lo que han pedido media docena de acusaciones vinculadas a la derecha y la extrema derecha y que ha sido rechazado de plano por la jueza instructora y por la Audiencia Provincial de Valencia, la imputación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Pese a las constantes negativas a investigar a Bernabé de la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, y pese a que no ha aparecido ni una sola novedad que señale a la política socialista, Valores ha vuelto a insistir, esta vez aprovechando el informe de la Guardia Civil desechado por la instructora por estar sesgado y extralimitarse en sus funciones. Según la formación política, se debe imputar a Bernabé por su participación en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) donde llegó a pedir el “confinamiento” de la población, por lo que “era consciente de que se enfrentaban a una emergencia letal sin precedentes”. Es ese sentido, la jueza y la Audiencia de Valencia ya habían dejado claro que el mando único correspondía a la Generalitat, en concreto a la otrora consellera de Emergencias, Salomé Pradas.

Valores insiste también en que el “apagón informativo” que ha defendido la Generalitat y el PP y que también plasmó la Guardia Civil en su informe. El problema para esta acusación popular es que la instructora desmontó el documento y recordó que el mando único tenía información disponible a su alcance en el momento, como las llamadas al 112. También que fue Emergencias, en este caso a petición del Consorcio Provincial de Bomberos, quienes decidieron retirar los bomberos forestales que vigilaban el barranco de Poyo y que hubieran podido dar la mejor información al segundo.

La acusación popular asesorada por Chapapría también insiste en que la delegada del Gobierno tendría que haber pedido al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que el Gobierno de España tomara el mando de la catástrofe. Ni una palabra a que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tampoco lo pidió ni quiso perder el mando único de la emergencia. También se empecina Valores en que la delegada del Gobierno no desplegó todos los medios del Estado para actuar en la Emergencia. Otro importante descuido por parte de la acusación popular, porque correspondía a la Generalitat solicitar esos recursos, según la ley de Emergencias y el Plan de Inundaciones.

En su escrito, Chapapría también aprovecha para cargar contra José Ángel Núñez, jefe del área de Climatología de Aemet, a quien acusan de no avisar lo suficiente de la gravedad de la situación para que se lanzara una alerta masiva. Reiteran también su solicitud de imputación al experto en meteorología que llevaba desde cinco días antes de la dana alertando del episodio extraordinario al que se enfrentaba la Comunitat Valenciana.