Los contratos del Ejecutivo con Huawei se han convertido en las nuevas ‘armas’ arrojadizas entre los dos grandes partidos. «Si el Gobierno contrata a Huawei, es malo y terrible. Si lo hacen los gobiernos del PP, ya tal». Con esta frase, el ministro de Transportes, Óscar Puente, avivó ayer la controversia en torno a la tecnológica china . «Es la ley del embudo, la única que domina el PP», remató, aludiendo a lo que considera un doble rasero de los populares, ya que algunos de sus gobiernos regionales también firmaron acuerdos de colaboración con la empresa. La portavoz socialista Montse Mínguez recordó en X la inauguración de un centro tecnológico de Huawei en Madrid, en la que participó la presidenta de la Comunidad. Isabel Díaz Ayuso celebró la creación de «200 puestos de trabajo» y definió a la región como un «referente tecnológico y digital» . Por su parte, los socialistas andaluces rememoraron las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno durante su visita a la sede de la empresa en Pekín, donde la calificó como un «socio estratégico para seguir avanzando en la digitalización» de la región. En cambio, el secretario general, Miguel Tellado, y el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, calificaron a Huawei de «empresa poco fiable» y acusaron al Gobierno de «jugar con fuego» al adjudicarle la gestión y almacenamiento de escuchas policiales ordenadas por jueces y fiscales. El contrato, por valor de 12,3 millones de euros , fue adjudicado por el Ministerio del Interior y ha desatado una tormenta política centrada en la seguridad nacional. Ante estas referencias, el vicesecretario popular de Igualdad, Jaime de los Santos , negó ayer que su partido esté señalando a Huawei. Aseguró que se trata de una empresa que genera empleo y riqueza , y defendió los acuerdos autonómicos con la compañía, al tratarse de proyectos «que nada tienen que ver con la seguridad nacional». Sin embargo, insistió en que el Gobierno debe ofrecer explicaciones por haber confiado a la empresa información sensible vinculada a escuchas judiciales. Según De los Santos, incluso el Centro de Inteligencia estadounidense advirtió al Ejecutivo español sobre los riesgos . Por ello, el PP solicita la comparecencia en el Congreso de los ministros de Interior, Defensa, Presidencia y Exteriores. La polémica, lejos de disiparse, ha evidenciado las distintas posiciones que los partidos han mantenido con la misma empresa según el ámbito y el contexto.
