Resulta llamativo que, en nuestro país, para acceder a un puesto en la administración pública –incluso los de menor responsabilidad– se exijan años de preparación, superar complejos procesos selectivos y demostrar conocimientos técnicos rigurosos. Sin embargo, para ocupar una cartera ministerial, con poder de decisión sobre áreas tan críticas como sanidad, economía o educación, no se requiere ni formación específica ni experiencia previa en la materia. Esta contradicción plantea una reflexión seria: ¿cómo es posible que exijamos méritos comprobables a los técnicos, pero permitamos que cargos con responsabilidad política sean ocupados únicamente por afinidad o conveniencia partidista? La legitimidad democrática no debería estar reñida con la competencia. No se trata de negar la política ni el papel de los partidos, pero sí de exigir un mínimo de cualificación profesional para quienes dirigen los destinos del país. La gestión pública merece rigor, no improvisación. Claudina Garbajal . Toledo Si lo del Ayuntamiento de Jumilla fuese tan grave como dicen algunos, tengo para mí que el Defensor del Pueblo habría dicho está boca es mía. Y también el fiscal general. Incluso el delegado del Gobierno tiene la facultad de suspender lo acordado, también Pedro Sánchez podría convocar un Consejo de Ministros para disolver los órganos de Jumilla, por gestión gravemente dañosa. Pero todos siguen tumbados a la bartola. Como la ministra de Sanidad, que tras comunicar al pueblo español que en el mes de julio murieron en España mil personas por el calor extremo, se ha marchado de vacaciones. Por cierto, la Constitución solo menciona a la Iglesia Católica, lo cual la distingue del 'resto' de confesiones. José Luis Gardón . Madrid
