“Hartos de la inacción de las administraciones sanitarias frente a la violencia laboral en los centros sanitarios”

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha mostrado su hartazgo ante la inacción de las diferentes administraciones sanitarias que permite la generalización de la violencia en los centros sanitarios. La organización sindical insiste en que sólo con medidas eficaces puede acabarse con un problema que pone en entredicho la seguridad de los trabajadores sanitarios, en su mayoría mujeres.

SATSE subraya que los últimos casos registrados son un nuevo “suma y sigue” de un problema grave y recurrente que genera, además, una permanente sensación de miedo e intranquilidad entre todos los profesionales sanitarios. “Las agresiones verbales o físicas no deberían formar parte del trabajo de las enfermeras y fisioterapeutas. Las administraciones, como empleadores, tienen la obligación de velar por garantizar la seguridad de sus trabajadores”.

Según datos del Ministerio de Sanidad, el pasado año se alcanzó una nueva “cifra récord” de profesionales sanitarios agredidos. En total, se registraron 17.163 agresiones, en 2024, un 12 por ciento más que un año antes. Cerca del 80% mujeres. Sucesivas encuestas realizadas por SATSE concluyen en 8 de cada 10 enfermeras han sufrido algún tipo de agresión durante su trayectoria profesional.

La presencia permanente de personal de seguridad en los centros sanitarios es una más de las actuaciones demandadas desde el Sindicato de Enfermería al seguir constatando que no existe ni en todos los centros ni en todos los horarios.

También demanda la instalación de un dispositivo de alarma que el profesional pueda usar en caso de entender que puede ser víctima de una agresión.

SATSE denuncia que, tanto las administraciones públicas como las empresas sanitarias privadas, son “corresponsables” a la hora de no acabar con este grave problema. Por un lado, no ponen los medios y recursos necesarios para evitar el malestar e insatisfacción de pacientes y familiares que desencadena, en ocasiones, una agresión.

De otro lado, no impulsan un marco regulatorio estatal que posibilite la puesta en marcha de todo tipo de actuaciones en materia de prevención, información, sensibilización y atención a las víctimas. “El objetivo es que cualquier profesional, independientemente del centro y territorio en el que trabaje, tenga los mismos recursos, derechos y garantías”, apunta.

Ante la inacción de las administraciones y partidos políticos, SATSE elaboró y les trasladó una propuesta de Ley estatal, con más de 50 medidas, que ha sido ya debatida y rechazada, en dos ocasiones, en el Congreso de los Diputados. “Una norma que no que ha salido adelante por motivos partidistas que se resumen en oponerse por oponerse al adversario político”, añade.

El Sindicato, que mantiene una campaña permanente de información y sensibilización bajo el lema “La agresión no es solución”, insiste también en la necesidad de que cualquier profesional víctima de una agresión denuncie lo sucedido para que el paciente o familiar agresor responda antes las autoridades por sus actos.

“Es fundamental visibilizar el problema y alzar nuestra voz cada vez que se produce una agresión como una medida también de presión para que las administraciones y empresas sanitarias no minusvaloren una realidad que dinamita la columna vertebral de nuestro sistema, como son sus profesionales”, concluyen desde la organización sindical.