La noticia está en boca de todos: el Ayuntamiento de Fuengirola , en Málaga, ha contratado detectives privados para vigilar a los funcionarios que se han acogido a una baja laboral por enfermedad o problemas de salud. Esta decisión va a suponerle a las arcas municipales 18.000 euros pero desde el consistorio justifican la decisión por el repunte del absentismo que están registrando. Para tratar el tema en profundidad, en ' Más Vale Tarde ' (La Sexta) han contado con diversas fuentes de información para conocer mejor esta estrategia y uno de los intervinientes ha sido un detective especializado en ir tras casos como estos. El experto en cuestión, Carlos Garnica , ha hablado alto y claro, afirmando que tras el Covid se dio un repunte y eso ha supuesto que le llegaran muchos más casos al despacho en el que trabaja. «El tópico de la infidelidad queda ya muy atrás», ha destacado este profesional. Ha compartido algunas de las pautas que sigue: las empresas u organizaciones, instituciones y entidades públicas entre estas, les facilitan la información que tienen, algo que ellos empiezan a corroborar y se elabora un informe. «Si la baja es fraudulenta y no está teniendo cuidado con lo que le pasa, acabará en un despido procedente. Y ya digo que la mayoría de estas personas que investigamos y que se confirma la baja fraudulenta es alguien que ha sido reincidente, que ha repetido, y que lo hacen de forma aleatoria y bien junto antes o después de las vacaciones, algo sospechoso y curioso, cuanto menos», ha especificado. Marina Valdés le ha preguntado por algún índice en relación al número de casos que se confirman de entre todas las peticiones de trabajo que le llegan a su despacho. El detective privado ha sorprendido al afirmar que «el 90% se acaba confirmando, son bajas fraudulentas , porque vienen con sospecha de que es una práctica habitual del trabajo y son bajas intermitentes que van cogiéndose durante todo el año». Ha añadido que se da con frecuencia en personas que han recibido varios avisos de despido por infracciones por parte de su empresa y a la tercera «se dan de baja por depresión para evitar ese despido». Ha añadido que «eso provoca gran indefensión en los empresarios, en las organizaciones». Para terminar, Carlos García Barrell ha insistido en que los funcionarios , aludiendo al caso de Fuengirola, no deben sentirse vigilados. «Lo que los empleados deben saber que igual que tienen derecho a una baja tienen la obligación de hacer todo lo posible para darse de alta y volver a su puesto de trabajo», ha sentenciado.
