Tengo fe en el Congreso que legisle con perspectiva de género
En un año electoral, pedirle al Congreso que asuma debates profundos podría parecer mucho, pero la urgencia de legislar y fiscalizar para proteger a las personas más vulnerables no admite espera electoral. Chile no puede darse el gusto de retroceder en derechos.
Hace algunos días, se presentó un proyecto de ley para eliminar el aborto por causal de violación, bajo el argumento “fortalecer la familia y el vínculo entre madre e hijo”. Una propuesta que ignoraba el derecho de niñas y mujeres a una vida libre de violencia y el acceso a la salud, derechos consagrados en la Constitución y en compromisos internacionales.
Si esa fuera la lógica que guía al Congreso, esperaríamos ver avances rápidos en proyectos como el que otorga medidas alternativas a la prisión para mujeres embarazadas o con hijos/as menores de tres años. Esta iniciativa es clave para proteger la infancia de los niños y niñas de mujeres privadas de libertad y prevenir el delito a largo plazo.
También esperaríamos que la corresponsabilidad social y de género se consagraran como elementos rectores del Sistema Nacional de Cuidados, y que no se intentara eliminar, mediante indicaciones, principios que garantizan que el peso de los cuidados no siga recayendo sobre las mujeres.
La perspectiva de género no es un adorno: es un enfoque que debe cruzar todo el trabajo legislativo, evaluando el impacto real y diferenciado que tienen las leyes en las personas, sin discriminación por género o responsabilidades familiares.
No se trata solo de los temas que se discuten, sino de cómo se organizan, priorizan y tramitan las leyes que afectan de forma distinta la vida de mujeres, niñas y disidencias.
Desde Corporación Humanas y diversas organizaciones de la sociedad civil hemos solicitado a la Mesa de la Cámara que se incorpore el enfoque de género desde la etapa de admisibilidad de los proyectos de ley, particularmente al definir las comisiones técnicas encargadas de analizarlos. Esta petición no es menor: muchas iniciativas clave han sido relegadas a comisiones sin el conocimiento especializado ni el compromiso político para avanzar en derechos.
Chile ha logrado avances legislativos, pero también vemos cómo se presentan propuestas que erosionan consensos básicos contra la violencia de género o la protección de las niñas más vulnerables.
Legislar con perspectiva de género no es un gesto simbólico: es una obligación derivada de compromisos internacionales y una exigencia ética para una democracia que quiera representar a la mitad de la población. La confianza en el Congreso se construye con hechos, y hoy el país necesita decisiones que amplíen, no que recorten, derechos.