La edad no puede justificar beneficios para violadores de DD.HH.
En una sociedad que valora la justicia, la verdad y la reparación, existen crímenes que, por su gravedad, nos obliga a dar una mirada integral a la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad, cuestiones vinculadas a la seguridad pública y las obligaciones estatales en materia de verdad y justicia. Los crímenes de lesa humanidad y los de carácter sexual, en especial aquellos cometidos a grupos de especial protección, como a niñas, niños y adolescentes, son algunas de estas situaciones.
Recientemente, en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para abordar el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas mayores, se ha debatido sobre si la edad de los reclusos debería ser un factor determinante para modificar la forma de cumplir las penas impuestas por estos delitos.
El derecho internacional de los derechos humanos es claro al respecto: la edad, por sí sola, no puede ser el único criterio. Esta posición no es arbitraria, sino que está consagrada en instrumentos internacionales. Una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos subraya que la justicia en estos casos debe ser multifactorial y que el uso de la edad avanzada como único criterio para fundamentar medidas que puedan afectar la ejecución efectiva de las penas impuestas por crímenes en contra de los derechos humanos resulta incompatible con los estándares internacionales.
¿Qué significa esto? Que, para considerar una modificación de la pena o su cumplimiento, es fundamental evaluar otros elementos cruciales y realizar una evaluación integral caso a caso. La colaboración del condenado para el esclarecimiento de la verdad; su reconocimiento de la gravedad de los delitos; la reparación y protección a las víctimas, son factores que deben ser tomados en consideración. En el caso de los crímenes de lesa humanidad, no podemos olvidar que estos no solo afectaron a individuos, sino que desmantelaron el tejido social y moral de un país. A su vez, si consideramos los crímenes de carácter sexual contra menores de edad, no podemos olvidar que un gran porcentaje de ellos ocurre dentro del mismo círculo familiar, por lo que una medida sustitutiva podría poner en riesgo la misma protección de las víctimas.
En el ámbito internacional también se ha reconocido la necesidad de establecer un tratamiento diferenciado para las personas mayores privadas de libertad, con el fin de asegurar ajustes razonables y evitar que la privación de libertad se traduzca en una pena adicional derivada de la falta de condiciones adecuadas o del deterioro físico y mental. Sin embargo, cualquier flexibilización del régimen penitenciario debe ser plenamente compatible con la obligación estatal de asegurar verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En otras palabras, la protección de las personas mayores no puede ser excusa para debilitar el compromiso con las víctimas ni para abrir resquicios que conduzcan a la impunidad.
Reducir la discusión solo a la edad de los condenados sería pasar por alto las obligaciones que Chile ha asumido en materia de derechos humanos. Los estándares internacionales nos exigen una visión integral y un compromiso inquebrantable con la justicia. Como también, se ha reconocido la necesidad de establecer un tratamiento diferenciado a personas de grupos vulnerables. Es así, que como Gobierno hemos promovido medidas que permitan la sustitución de penas a estos grupos, como, por ejemplo, la ley de protección materno infantil, la que presenta un carácter integral y no arbitrario, respetando los estándares del derecho internacional.
Si bien, las personas mayores son también un grupo de especial protección, la misma Corte Interamericana señala que se deben ponderar distintos factores, incluidos el tipo y gravedad del delito cometido. Es así, que no podemos obviar que de las 1.975 personas mayores condenadas y privadas de libertad en nuestro país, 403 corresponden a condenados por crímenes de lesa humanidad y 1.193 con condenas por delitos de abuso sexual, violación, homicidio y parricidio. La concesión de beneficios penales o regímenes alternativos no puede transformarse en una vía de impunidad, especialmente en casos que involucren crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Por tanto, no se trata solo de cumplir con un marco legal, sino de honrar la memoria y protección de las víctimas, según sea el caso, y asegurar que la verdad prevalezca.
El proyecto de ley que actualmente se encuentra en el Senado tendrá que afrontar esta discusión. Su aprobación o rechazo será una señal clara de dónde nos paramos como sociedad frente a nuestro pasado. ¿Priorizaremos la comodidad sobre la justicia? O, por el contrario, ¿mantendremos nuestro compromiso con los derechos humanos, reconociendo que la justicia, al igual que la verdad, no tiene fecha de vencimiento? La respuesta a esta pregunta será clave para el futuro de nuestro país.