El doble estándar de la coalición autoritaria
La sentencia del Tribunal Constitucional que impide pesquisas preliminares contra la presidenta Dina Boluarte se entiende mirando a la coalición parlamentaria que lo respalda. Fue ese bloque el que colocó a los actuales magistrados y que hoy celebra una decisión hecha a la medida de sus intereses.
Hoy, como en varias ocasiones desde entonces, los peruanos observan que no se trata de un criterio jurídico uniforme, sino de un estándar acomodado a la conveniencia política del régimen que ellos sostienen.
La incoherencia salta a la vista cuando se recuerda lo sucedido con la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. En su momento, el Congreso la acusó y suspendió inconstitucionalmente por no haber impulsado investigaciones preliminares inmediatas contra Pedro Castillo, pese a que el propio artículo 117 de la Constitución limita el procesamiento penal de un presidente en funciones.
Dos años más tarde, esa misma coalición que entonces sostuvo que Ávalos había faltado a su deber por no investigar, hoy aplaude que el TC impida las pesquisas preliminares a Boluarte.
Al respecto, el voto en minoría del magistrado Manuel Monteagudo recuerda lo esencial. Ante denuncias graves, las investigaciones preliminares son una obligación del Estado, no una opción. Así lo exigen los compromisos internacionales del Perú y lo reconoce la propia Constitución, hoy manipulada por quienes deberían custodiarla.
A los ojos de los peruanos, la mayoría del TC ha preferido alinearse con la coalición parlamentaria que la designó, otorgando a la presidenta un privilegio incompatible con el Estado de derecho.
La contradicción de esa coalición es transparente. A Zoraida Ávalos la sancionaron por no investigar; a Dina Boluarte la celebran por no ser investigada. Mientras eso sucede, los intentos desesperados para cooptar el Ministerio Público y el Poder Judicial no desisten.
Si el TC hubiera cumplido su función, habría recordado que nadie está por encima de la ley. Prefirió, en cambio, blindar a quien garantiza la supervivencia de la coalición autoritaria.