Letras torcidas y el Senado de la República

Leyendo el pasado viernes santo, el libro de J. Peña sobre la vida de Mariana Callejas y su esposo Michel Towlney, nada de santos, civiles, reclutados por la DINA para servir al crimen organizado por la dictadura. Su casa-cuartel, lugar de tortura y muerte de Carmelo Soria con montaje de accidente de auto; con Berríos (Hemes) probando el gas Sarín con presos peruanos como ratones de laboratorio y desarrollando sustancias para esquivar el control sobre la cocaína; ambos viajando a matar a Prat, luego él con un par de cubanos anticastristas a Orlando Letelier y con italianos atentando contra Bernardo Leigthon en Roma, a la par que montaban bombas, aparatos de intervención telefónica. En fin, todo pagado con fondos públicos (de todos los chilenos), y bajo las órdenes de altos oficiales del Ejército que a su vez ordenaron otros crímenes. La cobertura era una familia feliz, en Lo Curro, con una “literata” que usaba sus experiencias criminales para escribir cuentos.

La pareja gozaba realizando aventuras y riesgos al no tener proyectos de vida ni una ética sobre la vida ajena. La DINA CNI se sustentaba en el secreto de sus operaciones como el silencio de sus ejecutores, a tal punto que éstos, como Townley, Fernández Larios y otros luego de declarar ante tribunales norteamericanos temieron por su vida , y luego Berríos fue asesinado por militares uruguayos socios del Comandante en Jefe del Ejército en 199X

Estas verdades que relata el libro, sobre la vida de la pareja en Letras Torcidas, se evidenciaron por la investigación tardía de tribunales y por la confesión de algunos, permitiendo develar los hechos.

Sería interesante preguntarle a los y las senadores que han aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, el proyecto de beneficiar por “clemencia” y reconocimiento de los supuestos derechos de los encarcelados por crímenes de lesa humanidad, el perfil de estos sujetos.

He aquí lo que debiese conocer cada parlamentario y la opinión pública del país:

• ¿Cuántos de esos involucrados, residentes de Punta Peuco, hoy viejos y algunos enfermos, están arrepentidos de sus crímenes y han confesado la verdad de los secuestros, torturas y desapariciones de las que participaron?
• ¿Cuántos de ellos, luego de evadir la justicia, defenderse en tribunales y lograr la prolongación de los juicios, pudo vivir la plenitud de sus vidas en libertad, financiados por el Estado, mientras las familias víctimas sufrían buscando a sus hijos, hijas, esposas, maridos o padres y madres?
• ¿Cuántos de esos criminales de lesa humanidad hoy tendrán la valentía de reconocer sus crímenes y apoyar a las familias en la búsqueda de sus parientes?
• ¿A quiénes de esos condenados se le aplicaron penas justas, efectivas y proporcionales?
• ¿A quiénes se les aplicó la media prescripción?
• ¿Qué comisiones de expertos validarían el estado de demencia senil, alzhéimer o enfermedades terminales, sin que por medio haya corrupción o simpatías ideológicas?
• ¿Cuántos de los criminales de lesa humanidad aún están huyendo de las decisiones judiciales y otros que fueron prófugos y luego encarcelados, merecen ser beneficiados con leyes como el arresto domiciliario por su edad?
• ¿Quiénes de estos presos involucrados en las desapariciones, como el montaje de los 119, están detenidos y pueden ser beneficiados si no han dicho dónde están?

Varios políticos y otros opinólogos han reflexionado sobre la conmiseración y su relación con la verdad y la justicia, sin considerar que no es solo necesaria para las familias, sino también para el sentido de comunidad compartida en una sociedad de trato digno e igualitario para todos.

La propuesta del Senado, que mezcla a los adultos mayores sancionados por delitos comunes con los que cometieron crímenes de lesa humanidad, es más bien un ardid para liberar a estos últimos.

La edad no es motivo mecánico de aplicación de beneficios a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Residir en su hogar, junto a su familia por ser mayor de 80 años, habiendo hecho desaparecer opositores, torturado o ejecutado sin proceso y formando parte de una asociación criminal, sin arrepentimientos ni colaboración con la justicia, ni declarar con verdad para hacer posible encontrarlos, es más bien un privilegio inaceptable, que vulnera los derechos de las víctimas y los principios de la justicia transicional.