La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte
La promesa de modernización urbana que ofrece la Vía Expresa Norte, un megaproyecto impulsado por la Municipalidad de Lima bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, ha generado una creciente ola de críticas por parte de vecinos, especialistas y colectivos ciudadanos. A pesar de la millonaria inversión anunciada y la expectativa de agilizar el transporte público en Lima Norte con una ampliación del Metropolitano, diversos sectores advierten que esta iniciativa podría tener consecuencias contrarias a sus objetivos: empeorar el tráfico, eliminar importantes áreas verdes y comprometer seriamente el medio ambiente.
Un proyecto polémico desde sus cimientos
La Vía Expresa Norte busca conectar la avenida José Granda, en el distrito de San Martín de Porres, con la estación Universidad del Metropolitano en Comas, atravesando también el distrito de Los Olivos. Según los planos preliminares presentados por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (EMAPE), se contempla la construcción de una vía segregada para el transporte público, con once nuevas estaciones del Metropolitano. La inversión proyectada supera los 277 millones de soles.
Sin embargo, desde su concepción, el proyecto ha sido duramente cuestionado por fallas técnicas, falta de estudios adecuados y escasa participación ciudadana. Dirigentes vecinales de los distritos implicados denuncian que la ejecución se ha planteado bajo el método denominado fast track (que también figura en los documentos oficiales), el cual permite realizar estudios y construcción en paralelo, pero que, en contextos institucionales frágiles, como el peruano, puede derivar en improvisaciones costosas.
“Este método puede ser eficiente en países con instituciones sólidas, pero aquí, donde hay antecedentes de corrupción y poca transparencia, es un riesgo innecesario”, afirma el ingeniero Alberto Ramírez Erazo, docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Según el especialista, la modalidad fast track está siendo utilizada como una forma de justificar obras apuradas, sin la planificación ni estudios técnicos necesarios.
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Reducción de carriles y aumento de tráfico
Uno de los puntos más controversiales del proyecto es la drástica reducción de carriles vehiculares en algunas zonas clave. En el tramo entre las avenidas Germán Aguirre y José Granda, por ejemplo, se planea pasar de cinco carriles a solo dos para dar paso al Metropolitano. Esta modificación, lejos de aliviar la congestión, generaría un efecto embudo que agravaría el ya complejo tránsito en Lima Norte.
“Actualmente, cruzar ese tramo puede tomar una hora a las seis de la mañana. Con el Metropolitano ocupando dos carriles, el tránsito será aún más lento. Algunos estiman que podrían llegar a tardar hasta dos horas”, advierte un dirigente vecinal de San Martín de Porres.
Este cuello de botella se suma a otros problemas estructurales del proyecto. Según los vecinos, las vías auxiliares que podrían servir como rutas alternas han sido invadidas por viviendas y comercios informales. Estas ocupaciones ilegales impiden la expansión y redistribución de los carriles existentes, algo que, según los denunciantes, no ha sido adecuadamente abordado por la MML.
“La avenida se ha ido ‘achicando’ con el tiempo debido a estos asentamientos informales. Si no se soluciona esto, cualquier obra que se haga solo agravará el problema”, denunció un dirigente de Los Olivos.
Impacto ambiental: más de mil árboles serán talados
Otra de las preocupaciones centrales es el impacto ambiental que tendrá la ejecución de la Vía Expresa Norte. De acuerdo con la información proporcionada por ingenieros del propio proyecto durante las capacitaciones, se estima que serán talados alrededor de 1,440 árboles en toda la extensión del tramo.
“Nos dijeron directamente que se recortarán cerca de 1,400 árboles. Lima Norte es una de las zonas más contaminadas de la ciudad, con niveles de polución tres veces mayores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Sacrificar nuestras áreas verdes solo agravará esta situación”, declaró un representante de una asociación vecinal de Comas.
Esta situación recuerda lo ocurrido con la Vía Expresa Sur, otra obra de gran escala que fue multada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por haberse ejecutado sin los expedientes técnicos adecuados ni estudios de impacto ambiental. “Todo proyecto de esta magnitud debe contar con un estudio ambiental que identifique claramente los daños que se pueden causar. Aquí parece que están repitiendo los mismos errores”, advirtió Ramírez Erazo.
Ausencia de participación ciudadana real
A pesar de que la Municipalidad de Lima afirma haber realizado talleres informativos, los vecinos denuncian exclusión y falta de transparencia en el proceso. Los dirigentes aseguran que solo fueron invitados al primer taller, donde dejaron sus datos personales para ser convocados a las siguientes reuniones. Sin embargo, tras manifestar su desacuerdo con ciertos aspectos del proyecto, nunca fueron llamados nuevamente.
“Nosotros mismos tuvimos que llamar a los encargados para saber cuándo serían las próximas presentaciones. Al parecer, como fuimos críticos, decidieron no convocarnos más”, aseguró una de las vecinas de Comas.
Este tipo de prácticas ha generado molestia y desconfianza entre los ciudadanos, quienes consideran que se está llevando a cabo un proyecto de espaldas a la comunidad. En respuesta, varios colectivos han anunciado una protesta en el marco del tercer taller informativo, donde esperan visibilizar sus reclamos y exigir la revisión integral del proyecto, especialmente en el tramo comprendido entre las avenidas Melchor Cumpa y José Granda.
Improvisación e intereses políticos
Expertos como el ingeniero Ramírez advierten que muchas de estas obras obedecen más a una lógica electoral que a una planificación técnica rigurosa. “El alcalde está utilizando obras como parte de su campaña. No hay estudios previos, no hay planificación. Lo que hay es una prisa por mostrar resultados, aunque eso signifique dejar obras mal hechas o que empeoren la situación actual”, afirma.
Ramírez también criticó el uso del término fast track como justificación para la falta de estudios. “No es que esté mal usar esta modalidad, pero no se puede aplicar sin los recursos técnicos, humanos e institucionales que se requieren. En lugar de acelerar el desarrollo, puede generar más retrasos, sobrecostos y problemas legales”, agregó.
Rechazo vecinal y acciones futuras
La resistencia ciudadana se ha intensificado en las últimas semanas. Los vecinos no solo denuncian los efectos negativos del proyecto, sino también la forma en la que se está imponiendo. En respuesta, se están organizando para participar activamente en los talleres restantes, preparar pancartas y presentar solicitudes formales para detener temporalmente la ejecución del proyecto hasta que se replantee su diseño.
“La obra tiene potencial, pero no de esta manera. Queremos un desarrollo sostenible, no una improvisación que destruya nuestras áreas verdes y nos encierre en el tráfico”, puntualizó uno de los representantes vecinales.
Al cierre de la nota, La República intentó contactarse con la Municipalidad de Lima y con EMAPE para conocer más a fondo las soluciones a los problemas planteados por los vecinos; sin embargo, no recibimos respuesta.
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