El Boletín Oficial del Estado publicaba ayer el nuevo convenio colectivo de Tragsa . La medida, que afectará a las brigadas forestales que dependen del Gobierno central, no se aplica sin embargo a los 500 efectivos que Tragsa tiene en la Comunidad de Madrid como dispositivo de extinción de incendios y contingencias invernales. Así lo explicaron a ABC fuentes de UGT, que recuerdan que estos profesionales no se rigen por el convenio de Tragsa. La huelga que han mantenido desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto, cuando la suspendieron dada la situación de incendios, podría continuar a partir del próximo 25 si no han alcanzado para entonces alguna de sus reivindicaciones. Algo que tal vez esté más cerca: la Consejería de Medio Ambiente madrileña lleva tiempo lanzando mensajes conciliadores, asegurando que consideran justas sus peticiones. El último paso lo dio el consejero del ramo, Carlos Novillo, emplazando oficialmente al presidente de Tragsa a un encuentro el viernes 22 para estudiar las peticiones de los forestales. Un encuentro al que acudirá la Comunidad. Las brigadas forestales madrileñas estaban en manos de empresas privadas hasta que, en enero de 2022, se formalizó un contrato con Tragsa para que prestara este servicio durante cuatro años, por un importe de 107 millones de euros. Tragsa, a cambio, subrogó a todo el personal que tenían los concesionarios privados para estas labores. Los sindicatos lamentan que ahora «cada dispositivo tiene condiciones laborales diferentes, según la comunidad autónoma». Esperan que en el encuentro del viernes la Comunidad se abra a aportaciones económicas que mejoren sus condiciones. El consejero Novillo insistía ayer en que, aunque la Comunidad no puede «negociar esas mejoras» al no ser competente en la materia, ha solicitado esta reunión para escuchar y ver de qué manera puede ayudar a implementarlas.
