España arde , pero el Estado mira hacia otro lado. Desde 2009, la inversión pública forestal –esencial para prevenir y combatir los incendios que arrasan cada verano nuestro territorio– ha caído de manera drástica, especialmente en el capítulo de prevención. Ese año se destinaban 1.742 millones de euros al cuidado de los montes por parte del Gobierno central y las comunidades autónomas. En 2022, la cifra había bajado a 1.295 millones: un 25,6% menos en apenas trece años. Pero el desplome es aún más alarmante en la partida dedicada a la prevención, que ha pasado de 364 millones a solo 175, es decir, un recorte del 51,7%. Mientras tanto, el presupuesto para extinción apenas se ha movido: 417 millones en 2009 frente a 417,4 en 2022. Además, las cifras son nominales, no reales, es decir no recogen el efecto de la inflación que desde el 2009 se ha comido el 36,5 por ciento del valor del euro. Este desequilibrio revela una política forestal miope, que sacrifica la prevención –más eficaz y menos costosa– en favor de la extinción –más visible pero también más tardía y dañina–. Como bien recuerdan los expertos, los incendios se apagan mucho antes de que llegue el calor, y es entonces cuando deben realizarse las labores de mantenimiento, desbroce, cortafuegos y gestión de la biomasa forestal. A esta negligencia presupuestaria se suma el oscurantismo institucional. Hasta 2020, la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) elaboraba –con financiación pública– informes anuales sobre inversión y empleo en el sector forestal. Ese año, el Ministerio para la Transición Ecológica decidió asumir directamente la tarea. Desde entonces, solo ha ofrecido datos correspondientes a 2021 y 2022. De los últimos tres años, en plena crisis climática y bajo incendios cada vez más devastadores, no hay cifras oficiales. ABC ha preguntado reiteradamente por esta ausencia de información, sin obtener respuesta. No se entiende que un Gobierno que proclama la «emergencia climática» cuente con un ministerio –ahora dirigido por Sara Aegesen– que no es el primero en mostrar preocupación sobre la inversión forestal cuando es responsable por un lado del cambio climático y por el otro del reto demográfico, el otro factor que se ha revelado decisivo toda vez que la despoblación y la desaparición de las tareas agrícolas tradicionales contribuyen al abanono del monte. Da la impresión de que es el propio Gobierno el que no se cree las emergencias que va proclamando. A esta negligencia se suma una preocupante infrainversión en fondos europeos. Según un informe del Tribunal de Cuentas, España ha destinado solo 170 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a la gestión de catástrofes, frente a los 634 millones de Portugal y los 640 de Grecia. En prevención, el desfase es todavía mayor: 221 millones frente a los 615 y 837 millones que han invertido nuestros vecinos. Pero lo más grave es la asignación interna: Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha, que concentran más de un tercio de la superficie quemada entre 2006 y 2015, solo han recibido el 18 por ciento de los fondos invertidos. Además, el Tribunal denuncia que España sigue utilizando métodos obsoletos para clasificar las zonas de riesgo, una inercia burocrática que mina la eficacia de las políticas públicas. La desertización, el abandono rural, el cambio climático y la falta de gestión forestal dibujan un escenario de creciente riesgo en nuestro país. Sin datos actualizados, sin prevención eficaz y sin transparencia institucional, el mensaje que recibe la ciudadanía es claro: la naturaleza arde sola, pero también lo hace la voluntad política.
