Hugo René Ortiz: El chisme que Hacienda sí quiere escuchar
Seguramente conoce a alguien para quien el chisme es vida: ve un grupo reunido, escucha un murmullo y de inmediato se acerca para enterarse de todo… con lujo de detalle.
Como se imaginará, a la autoridad también le encanta el chisme: quiere enterarse de todos los detalles de ciertas operaciones que realizamos los contribuyentes. Para eso hay una ley que regula ese chisme: la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (sí, un nombre largo como lista de supermercado, pero con mucha sustancia). A usted, estimado lector, quizá le suene más por su apodo: la Ley Antilavado.
Lo que busca esta ley es conocer el cómo, cuándo, dónde, quiénes y con qué de ciertas operaciones llamadas “actividades vulnerables”. Entre ellas están la compra, venta o renta de inmuebles; la emisión de tarjetas de crédito o prepago fuera de bancos; la compraventa de metales y piedras preciosas; la venta de obras de arte; la comercialización de automóviles, barcos y aviones; así como los servicios de notarios, corredores o fedatarios, entre otros.
En algunos casos, según el monto de la operación, basta con guardar la información del trato y de las personas involucradas. En otros, obliga a compartir el chisme completo con Hacienda.
En pocas palabras: la ley quiere detectar quién está detrás de operaciones que podrían usarse para lavar dinero e identificar al verdadero beneficiario de esos recursos.
Las reglas para compartir el chisme nacieron en 2012, cuando se publicó la Ley Antilavado, y desde entonces han cambiado varias veces. La última reforma, del 16 de julio de 2025, amplió tanto el número de operaciones que deben reportarse como el nivel de detalle que debe incluir el chisme.
Por ejemplo, antes, para que alguien fuera considerado “el que mueve los hilos” debía tener más del 50% de una empresa; con la reforma basta con que tenga el 25%. Con este ajuste, la autoridad ya no se conforma con el chisme de pasillo, ahora quiere la versión detallada, la que incluye hasta quién reparte los boletos de la rifa.
También se sumó al elenco de personajes a las llamadas personas políticamente expuestas. ¿Quiénes son? Funcionarios, exfuncionarios y personas cercanas a ellos. En otras palabras, esos personajes que, si se aparecen en una fiesta, de inmediato todos murmuran: “¿y ahora qué hace aquí?”.
Además, se reforzó el papel del “representante de cumplimiento”, que en esta novela es como el reportero oficial del chisme.
Su trabajo es escuchar, verificar y reportar lo que pasa dentro de la empresa cuando se trata de actividades vulnerables. Y ojo: ya no puede ser alguien improvisado; debe estar capacitado para dar la nota completa y bien documentada.
¿Qué significa esto para usted, estimado lector? Que si participa en la venta de inmuebles, autos de lujo, metales preciosos o incluso si es notario, debe acostumbrarse a que el chisme ahora es oficial y obligatorio.
Si la operación rebasa cierto monto, no basta con quedarse con el rumor: hay que pasarlo tal cual a la Secretaría de Hacienda. Y si se le olvida o decide “hacer como que no escuchó”, las sanciones pueden ser más dolorosas que enterarse tarde de un chisme que le afectaba directamente.
En conclusión, la Ley Antilavado no busca arruinarle la fiesta, solo quiere asegurarse de que no se cuele al baile alguien con intenciones turbias.
Así como hay personas que viven del chisme, Hacienda vive de la información, porque entre más sabe, más puede prevenir que el dinero sucio se esconda entre operaciones legítimas. Así que ya lo sabe: si el chisme es bueno, compártalo, pero compártalo en el portal de Prevención de Lavado de Dinero.
Y hablando de compartir, pase también esta columna: este chisme fiscal lo debe saber hasta su comadre, esa que jura que no le gustan los chismes.
Contacto: huorsa@ortizgarza.com.mx