El hijo de un exconseller del PP alega para evitar su exclusión de un concurso que Mazón le ha dado 24.250 euros en contratos menores

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, ha avalado la exclusión de la empresa Dula Auditores dentro del concurso abierto por la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas del Ayuntamiento de València (AUMSA) para el servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia fiscal, económico-financiera, presupuestaria, contable y laboral.

Eduardo Such, en representación de la empresa, recurrió la exclusión, lo que paralizó el procedimiento del contrato de asesoría financiera, por valor de 55.000 euros para dos años. Such es hijo del exconseller Diego Such, responsable de Industria, Comercio y Turismo en el primer Ejecutivo de Eduardo Zaplana, en 1995, y uno de los nombres que sonaba en las quinielas para la Conselleria de Economía y Hacienda en el Consell de Carlos Mazón. Eduardo Such, profesor de Economía en la Universidad de Alicante, asesoró al PP valenciano en su propuesta de reforma fiscal previa a las elecciones.

Dula Auditores recurrió en mayo el acta de calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para el contrato de AUMSA, por la que quedaba excluida del proceso. Fue excluida, según el acta, por “no haber acreditado la solvencia técnica”, a la par que no aportar “servicios realizados de igual o similar naturaleza al objeto del contrato que se licita, cuyos destinatarios sean del sector público, y que superen los importes indicados en los pliegos, no habiendo justificado debidamente el cumplimiento con lo establecido” en la ley de contratos del sector público en el plazo previsto.

Sin embargo, en su recurso, Dula Auditores acredita, entre otras cuestiones, que ha logrado diferentes contratos públicos de asesoramiento por un valor total de 53.350 euros, la mayoría de ellos otorgados mediante contratos menores por el Gobierno valenciano de Mazón entre los años 2023 y 2024. En concreto, 15.000 euros de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (adjudicado en enero de 2024), y otros 9.250 euros del Institut Valencià de Cultiura (IVC), también otorgados el pasado año. También ponen de relieve un contrato de 14.600 euros de Las Naves, entidad dependiente también del Ayuntamiento de València.

Según la resolución del TARC, a la que ha tenido acceso elDiario.es (completa al final de la información), “la recurrente reconoce que el volumen de la solvencia técnica aportada para el lote 2, no alcanzaba el importe mínimo de 22.000 euros previsto en los pliegos, tratando de salvar la insuficiente declaración de solvencia del lote 2, con la aportada para el lote 1 al considerar que se trata licitan servicios análogos”.

A este respecto, el Tribunal señala que “el pliego era claro al exigir para cada lote a licitar (”en caso de que se trate de un contrato con varios lotes, deberá cumplimentar una declaración por cada lote por el que licite“) por lo que una deficiente indicación del cumplimiento del requisito de solvencia técnica correspondiente al lote 2 no se puede subsanar a través del contenido del lote 1”.

Por este motivo, el TARC resuelve que “este recurso debe ser íntegramente desestimado, por resultar la exclusión acordada conforme a derecho”, motivo por el que se levanta la suspensión del procedimiento de contratación.