Exceso y desconfianza

El proyecto de real decreto sobre eficiencia energética y sostenibilidad de los centros de datos , sometido a consulta pública en pleno agosto, ha generado una respuesta crítica por parte del sector. Spain DC, la patronal que representa a los principales operadores, lamenta no haber sido consultada y considera que la norma introduce exigencias que exceden lo requerido por la legislación europea. Esta percepción se agrava por el hecho de que el documento fue presentado en un mes tradicionalmente inhábil para la actividad legislativa, lo que ha sido interpretado como una maniobra para minimizar la participación sectorial en el proceso de consulta. La vicepresidenta y ministra del ramo, Sara Aagesen, ya había anticipado una actitud crítica hacia el sector al calificarlo de experimentar una «burbuja» , en referencia al notable aumento de inversiones previsto en comunidades como Aragón. Esta narrativa gubernamental ha desembocado ahora en una legislación que, según el sector, responde más a la desconfianza que a una estrategia regulatoria equilibrada. Los centros de datos defienden la necesidad de transparencia, pero critica el trato discriminatorio frente a otras industrias electrointensivas, que no están sujetas a controles similares. En paralelo, se cuestiona la idoneidad de aplicar criterios de empleo tradicionales a una industria que no funciona como un empleador masivo, sino como un vector tecnológico y de infraestructuras. Hay una cuestión adicional que es casi una seña de identidad del Gobierno de Pedro Sánchez: desconfía de la capacidad de las tecnologías emergentes para resolver retos medioambientales, lo que se traduce en una normativa que prioriza controles en lugar de incentivos tecnológicos. Esto contrasta de manera preocupante con la realidad del sector: las mejoras constantes en eficiencia energética, refrigeración líquida y sistemas de reutilización térmica están reduciendo el consumo de energía y agua de forma notable. Ignorar esta realidad tecnológica y optar por una legislación extensa puede penalizar el desarrollo y competitividad de España como 'hub' digital. Según datos del propio sector, nuestro país podría atraer más de 21.800 millones en inversión directa y otros 36.500 millones en inversión indirecta en los próximos cinco años si se mantiene el interés actual que Aagesen califica de «burbuja». En un momento en que la UE apuesta por triplicar su capacidad en centros de datos, España corre el riesgo de perder liderazgo por una sobrerregulación preventiva que no reconoce suficientemente el potencial de la innovación tecnológica en eficiencia ambiental y que puede hacer más atractivos a otros países erosionando la posición del país como polo digital en Europa.