Interés particular tendrá la discusión sobre la reforma electoral
Muy pronto, al menos así se supone, habrá de iniciar la presentación de propuestas y discusión de ideas en torno a una nueva reforma electoral. De hecho, el proceso ya ha arrancado, toda vez que en días pasados apareció publicado en el Diario Oficial un decreto del Ejecutivo mediante el cual se crea una Comisión Presidencial para tal propósito.
De entrada, este nuevo proceso empieza mal. Cabe recordar que este no es el primero, ni mucho menos, en esta materia. En las últimas cuatro décadas ha habido media docena de procesos similares, incluido uno hacia la segunda mitad de los años 90, que se denominó “el definitivo”.
Y de alguna manera lo fue, en la medida en que atemperó y aún erradicó prácticas viciosas del pasado en el ámbito electoral, cuya supresión —total o parcial— hizo posible que en los comicios intermedios de 1997 el viejo partido hegemónico perdiera por primera vez la mayoría absoluta que durante décadas detentó en la Cámara de Diputados. Y que tres años después, luego de más de siete décadas, se produjera la alternancia en la Presidencia de la República, acontecimiento histórico de carácter mayor.
Este nuevo proceso empieza mal, no solo por el hecho de que la iniciativa surge directa y unilateralmente desde las alturas del poder, sin previa comunicación con la oposición para llegar a elementales entendimientos de arranque, sino porque crea además un innecesario y hasta ridículo entramado burocrático nunca antes visto en la experiencia previa de seis décadas, que ese tiempo llevan tales procesos, si se considera la reforma de principios de los años 60, la que estableció la figura pionera de los llamados diputados de partido.
Ridículo entramado burocrático porque, aunque parezca mentira, la citada comisión presidencial, formada total y absolutamente por burócratas de alto pelaje procedentes de la administración pública (por cierto: cuya sapiencia y dominio de la materia electoral de sus integrantes todos desconocíamos), tomará decisiones a través de votaciones, ¡sí de votaciones! ¡Y exclusivamente solo entre ellos! como claramente lo dispone el Acuerdo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Como se comprenderá, es de elemental sentido común, pero además algo enteramente sabido por todos, excepto por estos burócratas, que precisamente en esta materia el método consiste en poner sobre la mesa las propuestas de cambio, las ideas innovadoras, argumentarlas, discutirlas de manera razonada para llegar a consensos. En estos asuntos, nada supera al consenso.
Más grave aún fue que la propia presidenta, el día de la publicación de su decreto, haya declarado en la llamada mañanera cuáles son los cambios que —según ella— quiere el pueblo. Los resumió básicamente en tres: no plurinominales, menos dinero para los partidos y procesos electorales más baratos. Aunque ya habrá tiempo de discutirlos, por lo que hace a los dos últimos, procede tener presente que en estas cuestiones lo barato casi siempre viene saliendo socialmente más caro.
Por lo pronto, dispongámonos a ser testigos de algo que sin duda va a resultar sumamente divertido, dicho sea con la debida seriedad y respeto. Es probable que hasta se convierta en una especie de deporte nacional de curioso esparcimiento.
Porque es de esperarse que veamos cómo personajes de la izquierda democrática, procedentes tanto de la academia como del periodismo y la política, refutarán en toda la línea a sus antiguos correligionarios de la izquierda stalinista, de la ramplona izquierda populista, pero lo harán —más interesante aún— con los propios argumentos que estos esgrimieron en los anteriores procesos de reforma electoral. En especial por lo que hace a quien ha sido designado presidente de la comisión presidencial de marras, porque da la casualidad de que en esta materia siempre fue muy locuaz. Material, pues, habrá de sobra.