Ola de atentados sume a Colombia en una violencia que reaviva los fantasmas del pasado

En las últimas 24 horas, Colombia ha sido sacudida por una ola de violencia que recuerda a las épocas más oscuras de su historia, aquellas de los años 80 y 90, cuando los atentados, las bombas y los magnicidios parecían ser parte de la rutina nacional.

Una serie de ataques aparentemente coordinados han golpeado nuevamente al país cafetero, dejando decenas de muertos, cientos de heridos y un ambiente de miedo que atraviesa a todo el país.

El primer ataque ocurrió en el Municipio de Amalfi, en Antioquia. Un helicóptero Black Hawk de la Policía Antinarcóticos fue derribado mientras apoyaba labores de erradicación de cultivos de coca. Según el gobernador de la región, Andrés Julián Rendón, las tropas habían sido emboscadas por el Frente 36 de las disidencias de las FARC. Los atacantes usaron tatucos —cilindros cargados de explosivos y metralla— y lanzaron un dron cargado con explosivos contra el helicóptero. Hasta ahora 13 policías murieron en este ataque y otros tres se mantienen heridos de gravedad.

Horas después, a las 14:50 de la tarde, un camión bomba explotó frente a la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali. La onda expansiva alcanzó a seis civiles que murieron y cerca de otras 70 personas que resultaron heridas. Videos compartidos en redes sociales muestran escenas de caos: cuerpos ensangrentados en el suelo, un camión ardiendo en llamas, vehículos destrozados y la fachada de un supermercado derrumbada. Un segundo camión, cargado con balones de gas, no alcanzó a estallar.

Casi al mismo tiempo, la ciudad de Cali volvió a ser blanco de varios ataques. En barrios como Meléndez, Manuel Beltrán y Los Mangos, motocicletas cargadas con explosivos estallaron cerca de estaciones de policía y puestos de comando, dejando múltiples heridos y sembrando pánico en la población civil.

Aunque ninguno de los grupos armados se ha atribuido formalmente la autoría, las autoridades apuntan a las disidencias de las FARC, en particular al Estado Mayor Central y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó atribuyendo los hechos a lo que llama la “junta del narcotráfico”, una supuesta estructura global del crimen que articularía a las disidencias de las FARC, a la Segunda Marquetalia y al Clan del Golfo. El mandatario anunció que declarará a estos grupos como organizaciones terroristas y pidió que otros países también lo hagan, con el fin de perseguirlos internacionalmente.

Sin embargo, la narrativa del jefe de Estado colombiano genera dudas. El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana Beltrán, reconoció que no existe evidencia que confirme la existencia de dicha “junta”. Aun así, Petro insiste en responsabilizar a esa supuesta red criminal.

Los atentados de esta semana no son hechos aislados. En junio, ya se habían registrado ataques simultáneos en el Valle del Cauca y en el Cauca, con un saldo de ocho muertos y más de 50 heridos. En enero, la violencia en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela y donde más presencia tienen los grupos narcos armados, dejó más de 100 muertos y 60 mil desplazados. Todo esto muestra que la guerra interna contra los grupos paramilitares en Colombia, lejos de extinguirse, se ha propagado a nuevas regiones y ahora golpea de lleno a las grandes ciudades.

Cali, es un ejemplo claro. De ser una ciudad que supo dejar atrás el conflicto armado, hoy vive actos de terrorismo que la ponen nuevamente en el centro de la violencia.

Estos ataques ocurren en un momento de gran fragilidad política. El asesinato de Miguel Uribe, el primer magnicidio en tres décadas, reabrió las heridas de un país marcado por la violencia contra sus líderes. La oposición acusa al presidente Petro de haber debilitado la seguridad con su política de “paz total”, una estrategia que busca negociar no solo con guerrillas como el ELN, sino también con bandas criminales y narcotraficantes.

El expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, acusan al Gobierno de concentrarse en proteger a los criminales en lugar de garantizar la seguridad de los ciudadanos. César Gaviria, del Partido Liberal, fue más tajante: afirmó que la política de paz total ha fracasado. Petro, por su parte, se defiende señalando que la tasa de homicidios en su gobierno es más baja que la de gobiernos anteriores.

La realidad, sin embargo, es más compleja. Si bien los homicidios han bajado en comparación con décadas pasadas, los atentados recientes muestran que el poder de fuego de los grupos armados ilegales sigue intacto y que las negociaciones no han logrado frenar su capacidad de golpear al Estado y a la población civil.

De hecho, mientras se producían los ataques en Antioquia y Cali, el Gobierno anunciaba la reanudación de los diálogos con el Clan del Golfo. Pero esta vez las conversaciones no se harán en Colombia, ni en países vecinos, sino en Catar, en Oriente Medio, a más de trece mil kilómetros de distancia. El Ejecutivo asegura que el traslado responde a razones de seguridad y a la experiencia del país mediador en otros conflictos internacionales.

A menos de un año de las elecciones presidenciales, Colombia se encuentra en una encrucijada, un Estado que busca negociar la paz, pero que enfrenta a grupos que no dudan en usar la violencia indiscriminada; una oposición que acusa al Gobierno de debilidad y una ciudadanía atrapada entre la esperanza de la paz y el miedo de revivir el pasado.

La pregunta que muchos se hacen hoy es si la política de paz total podrá resistir la presión de los atentados y la polarización política, o si Colombia está entrando en una nueva etapa de guerra abierta que desafía nuevamente a su democracia.

Lo cierto es que, tras los hechos de las últimas horas, la sensación de seguridad se ha fracturado. Los colombianos miran con angustia el retorno de imágenes que creían superadas. Bombas en ciudades, helicópteros derribados, civiles atrapados en medio de la violencia. Es un déjà vu que revive los fantasmas del pasado y que obliga al país a replantearse, una vez más, cómo alcanzar la paz que se le ha negado durante tantas décadas.