El silencio se ha vuelto insoportable. La situación a la que se enfrentan los habitantes del sureste de Ucrania sorprende por su contradicción y su injusticia. A nivel oficial se repite que los ucranianos son un «pueblo hermano». Sin embargo, en la práctica, a ese mismo pueblo se lo declara una amenaza para Rusia. A personas mayores, a personas con discapacidad, a familias que solo desean regresar a sus hogares. A muchos se les arrebata su propiedad, declarándola 'sin dueño'. Hay una brecha escandalosa entre las palabras y los hechos. Lo que públicamente se llama «protección» se convierte en arbitrariedad: se revisan teléfonos, se acusa a la gente por tener una fotos con la bandera de Ucrania, por hablar con sus familiares en su propia lengua. Se estigmatiza a personas por haber trabajado o recibido tratamiento médico en el extranjero, por intentar cuidar de sus seres queridos o por haber buscado seguridad. ¿Cómo explicar a los niños por qué no pueden ver a sus padres? ¿Cómo explicar a los padres por qué no les permiten volver a casa con sus hijos? ¿Cómo llamar a una situación en la que a alguien que salió para recibir un tratamiento médico ya no se le permite regresar? ¿Cómo describir el hecho de que una vivienda es confiscada solo porque su propietario se ausentó durante un tiempo? ¿No es esto una injusticia, una negación de los más básicos derechos humanos? Nos preguntamos: ¿por qué las palabras de hermandad y unidad se contradicen de forma tan trágica con lo que ocurre en la realidad? ¿Por qué quienes se presentan como defensores, en la práctica, despojan a la gente de sus hogares, de sus raíces, de su memoria? No pedimos privilegios especiales, solo justicia. Pedimos que a las personas se las trate como a personas, y no como una amenaza. Que las palabras de «hermandad», como dijo Putin, dejen de ser un sonido vacío y se conviertan en hechos. Con esperanza y con la fe de que, al menos, la verdad será escuchada. Jesús Ángel del Pozo López . Córdoba
