La localidad toledana de Yeles (6.650 habitantes) vivió el pasado domingo una situación desagradable y dolorosa cuando u na mujer de 40 años, con problemas psiquiátricos, entró en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y destrozó dos imágenes religiosas. Los hechos sucedieron pasadas las 12:30 del mediodía, según el aviso que recibió el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. La mujer intentó huir pero la interceptaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y consiguieron detenerla. Previamente, la mujer había entrado al templo y d erribó las imágenes del Niño de los Remedios y la Virgen de la Soledad . Un hecho, que rápidamente se conoció por redes sociales, incluso existe un vídeo con el estado en el que quedó la iglesia. La alcaldesa de Yeles, María José Ruiz, dijo que la situación vivida en el municipio había sido de gran tensión y dolor, incluso dio el nombre de la mujer y confirmó que tras ser detenida había sido ingresada en el hospital. Aprovechó Ruiz para denunciar la falta de prevención en estos casos, donde las señales de alarma se acumulan sin respuesta institucional: « Los Servicios Sociales no actúan hasta que no sucede alguna desgracia », lamentó. Este viernes, desde la Plataforma de Servicios Sociales se han pronunciado sobre este caso, y también lamentan «profundamente» las declaraciones de la alcaldesa de Yeles, del PSOE, al acusar a los Servicios Sociales de Atención Primaria de «inacción». «Consideramos que estas manifestaciones son precipitadas e irresponsables y ponen en entredicho el trabajo de un recurso esencial, reconocido en la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, cuya misión es velar por el bienestar de las personas, coordinar apoyos y acompañar procesos. Sin embargo, debemos recordar que los Servicios Sociales no tienen competencias en materia de salud mental ni en internamientos involuntarios, que corresponden exclusivamente al sistema sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en última instancia, a la autoridad judicial«. También la plataforma muestra su preocupación por el hecho de que la alcaldesa haya hecho públicos datos que identifican a la persona autora de los hechos, «lo que puede suponer un riesgo en términos de protección de datos y de derechos fundamentales; estigmatizan y exponen públicamente a una persona vulnerable en lugar de poner el foco en la falta de recursos y apoyos adecuados». «Responsabilizar a los Servicios Sociales de Atención Primaria es injusto y no contribuye a dar soluciones reales. Lo que necesitamos es una apuesta política clara por una atención integral a la salud mental, basada en la prevención, la intervención en la comunidad y la coordinación real entre salud, justicia, servicios sociales y tercer sector», argumentan.
