Desaparecidos de la violencia política: 22.667, una cifra que sigue en aumento
Al 8 de agosto de este año, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE) han inscrito 22.667 desaparecidos durante el conflicto armado interno de 1980 al 2000 que son reconocidas por el Estado, cifra que no ha dejado de incrementarse en los últimos ocho años.
Cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó su informe en agosto del 2003, contenía información de 13 mil personas que sufrieron desaparición forzada por miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de Comités de Autodefensa, y de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. En el 2018, RENADE, tras centralizar, depurar y sistematizar la información, elevó esa cantidad a 20.329, y desde entonces no ha dejado de subir.
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En los últimos diez meses (el reporte anterior fue de octubre 2024) se han reconocido 41 registros correspondientes a los nuevos casos registrados por la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tras una serie de diligencias realizadas que incluye la revisión de fuentes y acciones de campo.
Ayacucho, la más afectada
El informe revela que casi la mitad de las desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado interno ocurrieron en la región Ayacucho, con 11.148. que equivale al 49.17%.
Además, otras zonas con alta incidencia de casos son Junín, con 3.199 desaparecidos, que significa el 14.11%; Huánuco, con 2.963, que implica el 13.06%; San Martín, con 1.304, que es el 5.75%; y Huancavelica, con 1.252, es decir, 5.52%.
El documento de RENADE resalta que esas cinco regiones concentran el 87.62% de este tipo de violaciones a los derechos humanos.
Marcha contra la impunidad y el olvido
Hoy, Día Internacional de los Desaparecidos, los familiares de estas víctimas de la violencia política en Perú realizaron una caminata exigiendo justicia y que el Estado cumpla con la búsqueda, identificación y entrega de los restos de las miles de personas que sufrieron desaparición forzada entre 1980 y 2000.
Se mostraron contra la impunidad que quiere brindar las leyes de amnistía y que limita los casos de lesa humanidad a partir del 2002 aprobadas por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte; y pidieron a los jueces, rechazar los pedidos que les lleguen al respecto, pues son inconstitucionales y van contra los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.