Carlincatura del sábado 13 de septiembre de 2025
La promulgación de la Ley de Amnistía constituye uno de los episodios más graves contra el Estado de derecho. Con ella el Congreso intenta, a la fuerza, consagrar la impunidad de graves violaciones de derechos humanos.
Los miembros del pacto que sostiene el régimen confían que pueden pasar por encima de la Constitución, los compromisos internacionales del Perú y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Piensan que con la cooptación institucional que han logrado hasta el momento tienen herramientas para seguir deshaciendo nuestra casi inexistente democracia.
Frente a esta imposición, han sido los jueces —valientes y fieles a su juramento de respetar la Constitución y el derecho internacional— quienes han puesto freno a la arbitrariedad.
A través del control difuso y, sobre todo, del control de convencionalidad, varios magistrados han inaplicado esta ley inconstitucional. Con ello han reafirmado que la justicia puede no rendirse ante las mayorías abusivas ni ante coaliciones políticas que pretenden blindar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
En por ello que la posición de la Fiscalía resulta decisiva. Si el Ministerio Público interpone una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, abriría la puerta a la aplicación de la ley ilegal. No es sorpresa que este órgano, hoy capturado por la coalición gobernante, declare la plena validez de la Ley de Amnistía.
En ese sentido, el efecto sería devastador. Se impediría a los jueces seguir ejerciendo control difuso y convencional, despojándolos de la única herramienta que hasta ahora ha permitido contener la ilegalidad.
En otras palabras, lo que hoy es una norma debilitada por su evidente contradicción con la Constitución y el derecho internacional, podría transformarse en un blindaje sólido si el TC la valida.
La Fiscalía debe evitar convertirse en el vehículo que fortalezca a los autoritarios. Su deber, en este momento crítico, es defender la autonomía judicial y no entregar al Tribunal Constitucional la llave que consolide la impunidad.
El Ministerio Público debe evitar allanar el camino a quienes buscan instaurar un régimen sin frenos ni contrapesos.