El país pionero en conectividad escolar se halla en riesgo de apagón tecnológico
A inicios del siglo XXI, el MEP promovió la inclusión de Internet en el sistema educativo, un esfuerzo pionero en Latinoamérica y que daba continuidad a la digitalización iniciada a finales de los años 80. En 2004 firmó un convenio con el entonces único operador de telecomunicaciones, el ICE. Para 2007, el 20% de los centros educativos estaba conectado, 60% en 2012 y 86% en 2020.
El despliegue fue exitoso en cobertura, pero insuficiente en calidad. Por eso, en 2021 se planteó el proyecto de Red Educativa de Banda Ancha, diseñado para garantizar conectividad robusta y escalable, capaz de sostener la enseñanza en un entorno digital.
Para hacerlo, la Dirección Jurídica del MEP había advertido desde 2016 de que, tras la apertura del mercado de telecomunicaciones en 2011, ya no era posible mantener indefinidamente el convenio con el ICE sin justificarlo mediante estudios de mercado o abrir un concurso público.
El cambio de gobierno alteró esa ruta. En 2022, el MEP decidió mantener el convenio con el ICE, decisión que fue cuestionada por la Sutel en 2023 por favorecer a un único proveedor y debilitar la libre competencia. Tanto la Superintendencia como la propia Proveeduría Institucional del MEP recomendaron no renovar el convenio tras su vencimiento en noviembre de 2026 y empezar cuanto antes un proceso de contratación abierto.
Según la Proveeduría, los estudios debieron arrancar en octubre de 2024. Hasta hoy, no hay señales de que eso haya ocurrido. La Auditoría Interna del MEP advirtió en mayo de 2025 de que, si no se toman medidas decisivas, el país se expone a un “apagón tecnológico” en 2026. Y el Estado de la Educación confirmó en su informe que el Ministerio se negó a informar si había iniciado gestiones para prevenirlo.
Por el contrario, un oficio de la Dirección Jurídica fechado en agosto sugiere que la estrategia oficial es, nuevamente, prorrogar el convenio que data del 2004, esquivando la ruta de competencia y planificación.
El riesgo, entonces, no es técnico sino político: Costa Rica podría pasar de haber sido pionera en conectividad escolar a enfrentar, en cuestión de meses, un apagón tecnológico en su sistema educativo. Evitarlo exige liderazgo y decisiones ya, no parches que pateen la crisis a la próxima administración.
Andrés Fernández Arauz es economista.