La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) ha denunciado, este viernes, que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonès podría haber protagonizado un conflicto de intereses cuando firmó el decreto Ley 3/2023, que regula y limita las viviendas de uso turístico, una vez que se ha conocido que, tras dejar la presidencia autonómica, ha fichado por la cadena hotelera Golden Hotels, propiedad de su familia, y de un sector que se beneficiaría de las consecuencias del decreto. Federtur ha recordado que el decreto no fue sometido «al debate parlamentario y al consenso» y promueve la eliminación de los pisos turísticos legales de particulares. «La desaparición de esta oferta de alojamiento forzada por el decreto Aragonès, una oferta especialmente solicitada y utilizada en Cataluña por familias y también por viajeros de negocios en la ciudad de Barcelona, generará un déficit de plazas de alojamiento que será cubierta con oferta de grandes tenedores y cadenas hoteleras. Al eliminarse la competencia, los precios hoteleros se incrementarán y se generará una oferta ilegal de viviendas turísticas como ya ha pasado en Nueva York«, ha lamentado Federatur en una nota recogida por Ep. «Este decreto expulsa a los particulares del mercado, en favor de los grandes tenedores y de las cadenas hoteleras, convierte en papel mojado nuestras licencias y atenta de forma insólita contra los derechos de los propietarios que no sólo han invertido sus ahorros en estos negocios, sino que además han construido un sector legal, referencia para muchas ciudades en el mundo», ha denunciado el presidente de Federatur, David Riba. La asociación ha iniciado una recogida de firmas entre propietarios de pisos turísticos para presentar un escrito en el Parlamento de Cataluña con el objetivo de que se reabra el debate político, ya que consideran que el decreto se aprobó en situación de posible conflicto de intereses familiares y personales discriminando y demonizando a un sector legal, controlado y contributivo. La patronal ha recordado que la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya se han mostrado contrarias a esta legislación catalana. Han advertido de que existen alternativas menos gravosas, como incentivos fiscales o el fomento de la vivienda social, que podrían ser más eficaces para incrementar la oferta de vivienda, que la eliminación de las viviendas turísticas. Asimismo, desde Federatur han señalado que el decreto catalán, que ya denunciaron frente a las instituciones europeas, «infringe hasta seis apartados de la normativa comunitaria, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales y otras leyes europeas, y contraviene la libertad de prestación de servicios y la libertad de empresa«.
