Murió la Ley de Alquileres: los propietarios podrán sacar a los inquilinos de la vivienda, aunque no haya terminado el contrato
Tras la derogación de la Ley de Alquileres por el Decreto 70/2023, volvió a regir el Código Civil y Comercial (CCyC), que establece reglas para los contratos de locación en Argentina.
Esto implica que los propietarios cuentan con mayores herramientas legales para solicitar el desalojo de un inquilino, incluso si el contrato todavía está vigente, siempre que exista una causa justificada.
¿Por qué un propietario puede desalojar a un inquilino antes de tiempo?
El Código Civil y Comercial determina varias razones que habilitan al dueño de un inmueble a solicitar el desalojo, aunque el inquilino esté al día con el pago. Entre ellas se encuentran:
- Cambio de destino del inmueble: si el inquilino modifica el uso acordado en el contrato o lo utiliza de manera irregular.
- Falta de conservación: si abandona la propiedad o no la mantiene en condiciones adecuadas.
- Incumplimiento de cláusulas específicas: los contratos pueden incluir disposiciones pactadas entre las partes; si se violan, el propietario puede pedir el desalojo inmediato.
- Falta de pago: si el inquilino deja de pagar al menos dos períodos de alquiler.
En estos casos, la Justicia puede intervenir y habilitar el procedimiento de restitución de la vivienda.
Sin Ley de Alquileres: ¿qué plazo tiene el inquilino para dejar la vivienda?
El artículo 680 del CCyC establece que, una vez ordenado el desalojo, el inquilino tiene 10 días corridos para restituir la vivienda al propietario. Si no lo hace en ese tiempo, el dueño puede iniciar una acción judicial para exigir la entrega del inmueble.
Este plazo mínimo busca garantizar que el inquilino tenga margen para reubicarse, pero al mismo tiempo protege al propietario, que recupera más rápidamente el uso de su propiedad en caso de incumplimiento.
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¿Puede el inquilino terminar el contrato antes del vencimiento?
El inquilino también tiene derecho a poner fin al contrato, incluso sin necesidad de invocar una causa. Para ello, debe notificar su decisión y abonar al propietario una penalidad equivalente al 10% del alquiler del período restante hasta la fecha pactada en el contrato.
Además, el contrato puede rescindirse si el propietario no cumple con la obligación de conservar la vivienda en condiciones de uso, o si existen vicios ocultos que impidan habitarla.