Miles de filipinos claman contra la corrupción en proyectos contra las inundaciones
Miles de ciudadanos filipinos han irrumpido en las calles de la capital y otras regiones del archipiélago para exigir cuentas por el presunto saqueo en los programas de control de inundaciones, un latrocinio que pone en jaque la credibilidad del Ejecutivo de Ferdinand Marcos Jr. Estas manifestaciones, las más multitudinarias desde que el presidente destapara en julio posibles mordidas en contratos estatales, han reunido a más de 30.000 personas en un acto central junto a la principal arteria vial de Manila, un lugar simbólico que evoca la revolución de 1986 contra el régimen dictatorial de su padre.
El heterogéneo frente de protestantes —estudiantes, jerarcas eclesiásticos, grupos activistas y hasta diputados opositores— ha convertido el descontento en un clamor unificado contra un sistema que, según denuncian, sacrifica la seguridad colectiva en aras del beneficio personal. En simultáneo, otras 20.000 voces se han sumado en distintos puntos de la metrópoli, con réplicas extendidas por el país, todas ellas bajo un estricto control policial que, por ahora, reporta un desarrollo sin altercados violentos.
“Mientras la población padece las embestidas de tormentas e inundaciones, hay implicados en estas corruptelas que exhiben sin pudor sus opulencias en las redes sociales”, ha espetado Francis Aquino Dee, uno de los cabecillas de la movilización, en declaraciones a la cadena local GMA News. Sus palabras capturan la esencia de un agravio profundo en un nación expuesta a cataclismos climáticos, donde la corrupción endémica agrava la vulnerabilidad y mina la confianza institucional.
El detonante radica en las confesiones del propio Marcos Jr., quien en julio admitió la infiltración de sobornos en estos proyectos vitales para mitigar desastres. Como réplica, su Gabinete ha activado un ente autónomo para cuantificar el expolio de las arcas públicas y ha inmovilizado cientos de cuentas bancarias ligadas al caso. En el foco del vendaval, el primo del mandatario —expresidente de la Cámara Baja— ha renunciado al cargo ante acusaciones de connivencia con los contratos viciados, aunque niega rotundamente cualquier implicación.
Marcos Jr. ha expresado su aquiescencia con las protestas, defendiendo el derecho a la disidencia, pero ha advertido de una intervención inmediata si escalan a la fuerza. Pese al torbellino social, los indicadores económicos filipinos resisten, aunque una intensificación del conflicto podría alterar esta inercia.
Este estallido se inscribe en un contexto regional de efervescencia, con paralelismos en los disturbios de Indonesia y Nepal, y expone las grietas de una nación donde la deshonestidad no es un mal aislado. Las autoridades escudriñan el horizonte, mientras la sociedad civil demanda una purga profunda que restaure la integridad y proteja el porvenir ante las crecientes amenazas ambientales.