Heduardicidio de hoy domingo 21 de septiembre de 2025
La suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), constituye un atentado flagrante que se suma al proceso desdemocratizador en el país. La precipitación con la que se aprobaron resoluciones carentes de motivación suficiente evidencia la instrumentalización del derecho.
Es una maniobra de la coalición gobernante autoritaria compuesta por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre y Dina Boluarte, que vulnera uno de los principios más elementales del Estado constitucional, como lo es la separación de poderes.
La sanción no es contra una persona. En realidad, socava la posibilidad de que la justicia actúe con autonomía. Con ello, la JNJ debilita la capacidad del sistema democrático para hacer respetar la ley y preservar la democracia.
Resulta aún más grave que esta medida contravenga de manera directa la Constitución, entre ellos los artículos 158, que garantiza la autonomía del Ministerio Público; y 139, inciso 2, que consagra la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Ante la flagrancia en las acciones de los magistrados de la JNJ contra la fiscal Espinoza, el Tribunal Constitucional no debe mirar de costado. Sobre todo, si recuerdan que el rol que hoy cumplen en el máximo ente legal del país será sujeto de juicio por la misma justicia nacional pronto, así como el juicio de la historia que sigue escribiendo estos lamentables episodios.
Lo que se ha consumado es un golpe a la democracia con ropaje institucional, nuevamente. Se trata de un abuso de poder que pretende despojar de sentido a la división de poderes. Sin embargo, no advierten que sus acciones absolutamente en contradicción con la jurisprudencia internacional serán —más temprano que tarde— plausibles de sanción penal. No son pocos los principios recogidos en la Convención sobre Derechos Humanos respecto de la garantía de un juez y fiscal independientes que también se han vulnerado en el Perú.
El Perú asiste, una vez más, a la degradación de sus instituciones por la vía del atropello. La ciudadanía debe comprender que la defensa de la fiscal Espinoza trasciende a la persona: es la defensa de la independencia de la justicia.