Mauricio Daza: “La Fiscalía Supraterritorial es un avance, pero su éxito dependerá de la competencia de quiénes la dirijan”

La creación de la Fiscalía Supraterritorial, ley recientemente promulgada por el Presidente Gabriel Boric, marca un cambio estructural en el Ministerio Público que busca responder a un fenómeno en expansión: el crimen organizado y su capacidad de operar sin reconocer fronteras administrativas.

La medida, tanto en su debate como en su promulgación, ha generado expectativas sobre como mejorará la eficiencia en el combate contra delitos de alta complejidad, pero también levanta críticas por los niveles de poder que concentrará la figura del Fiscal Nacional al respecto, entre otros aspectos.

El diagnóstico que dio origen a esta reforma es claro: los fiscales operaban, hasta ahora, con competencias territoriales limitadas, lo que fragmentaba las investigaciones de delitos de carácter transnacional o interregional. El abogado y exconstituyente, Mauricio Daza, lo explicó en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile.

“El problema que se daba, por ejemplo, en los casos de crimen organizado, es que los fiscales tienen competencia según su ámbito territorial, que se vincula a un grupo de comunas o una región. Pero los fenómenos de crimen organizado no reconocen esos límites. Entonces, finalmente había muchos fiscales que al mismo tiempo estaban investigando determinados delitos, los cuales se habían producido en distintos espacios territoriales”, detalló al ser consultado el especialista.

Por ende, esta nueva institucionalidad rompe con esa lógica. “En este caso, la Fiscalía Supraterritorial, como lo denomina su nombre, es una fiscalía que va a poder ir más allá de los límites territoriales que hoy día definen esas competencias y va a poder hacer estas investigaciones en todo el país”, complementó Daza, quién no obstante remarca que el éxito de esta medida dependerá “de la competencia que tenga la persona a quien se define a cargo de esta entidad”.

“Más allá de cualquier cosa, en términos generales, como idea, el que se instale esta noción de una fiscalía supraterritorial para casos graves, especialmente de crimen organizado, es un avance. Si esto va a ser exitoso, va a depender solamente de la competencia de las personas que estén a cargo de esta nueva unidad”, recalcó.

Eficacia y capacidad de respuesta

Uno de los beneficios relevados durante el debate legislativo que derivó en la creación de esta institución, respaldado por expertos, es la eficiencia que podría generar esta unidad en la persecución penal de delitos complejos. Concentrar las decisiones en un fiscal con alcance nacional permitiría una coordinación más ágil, evitando que múltiples oficinas dupliquen esfuerzos o investiguen aisladamente hechos vinculados entre sí.

Para Mauricio Daza, este punto es crucial. “Muchas veces había un delito el cuál estaba siendo investigado al mismo tiempo por varios fiscales. Y atomizar esas investigaciones no permitía entender cuál era el fenómeno criminal que estaba detrás de estos hechos. La Fiscalía Supraterritorial, en los casos más graves, va a poder obviar esa situación”, señaló el abogado.

“La ventaja es la eficiencia. Obviamente, en esta materia, se requiere de concentrar en la toma de decisiones y poder ejecutarlas de una manera mucho más rápida. Y esa perspectiva podría generar precisamente una mayor eficiencia en la investigación de delitos tan graves”, prosiguió en su explicación el experto.

En ese sentido, apunta Daza, el modelo se direcciona a una persecución más estratégica, donde la visión de conjunto sea un factor decisivo para comprender redes criminales que operan simultáneamente en distintas regiones.

El riesgo en el modelo

Sin embargo, junto a los posibles beneficios en la persecución del delito, la reforma levantó alerta en torno al poder que otorga al Fiscal Nacional, el ser ésta nueva entidad una unidad dependiente directamente de él.

“La gran crítica que se ha hecho, y yo creo que es justificada, es que la manera como salió esta ley, le entrega un poder inusitado al fiscal nacional. Porque a través de este fiscal supraterritorial, que depende directamente del fiscal nacional, este último va a poder controlar la forma como se investigan estas causas”, advirtió Mauricio Daza consultado sobre este tema.

Para el abogado, esta facultad rompe con un principio fundamental. “Según la legislación anterior, el fiscal nacional nunca, en caso alguno, podía dar instrucciones o conocer directamente los antecedentes de una investigación. En este caso sí lo va a poder hacer respecto de los casos más importantes que va a llevar la fiscalía”, indicó.

Esto abre dilemas en la implementación de la entidad. Si bien agiliza procesos, también abre la puerta a riesgos de politización o discrecionalidad en investigaciones de alta connotación pública.

Lo anterior además marca un horizonte para la puesta en marcha de la nueva estructura. Otro desafío no menor será la relación entre esta fiscalía con las regionales ya establecidas. Estas últimas no dependen directamente de la voluntad del Fiscal Nacional, sino que su nombramiento requiere la intervención de las Cortes de Apelaciones, dándoles un grado de independencia.

Daza anticipó justamente estos posibles choques. “Yo creo que el principal desafío en la implementación de esta reforma es la posibilidad de que se vayan generando conflictos de competencia al interior del Ministerio Público”, alertó el experto.

“Hay que recordar que estamos frente a una unidad que estará a cargo de una persona designada por la sola voluntad del fiscal nacional. Y se inserta en una institución integrada por fiscales regionales quienes no están designados solamente por esa voluntad, sino que además son personas que el fiscal nacional no puede remover a su arbitrio”, insistió el abogado, agregando que “se podría dar una situación compleja en términos de quién va a llevar una determinada causa, quién va a tomar determinadas decisiones”.

Más de fondo, el abogado manifestó que se va a requerir “invertir más, no solamente en recursos materiales, sino también en capacitación y en coordinación. Uno de los grandes problemas que existen en nuestro país es que no hay una coordinación clara respecto de los distintos agentes que integran el sistema de persecución penal”.

La Fiscalía Supraterritorial se presenta como un avance necesario para enfrentar un fenómeno delictual que trasciende los límites territoriales de las fiscalías tradicionales. Puede otorgar eficiencia y coherencia en la persecución penal del crimen organizado, pero su éxito dependerá de dos factores clave, sentenció Mauricio Daza: la competencia de quienes asuman la conducción de la unidad y la capacidad de articularse sin choques con las fiscalías regionales.