Caso Bernarda Vera: Gobierno afirma que aún no hay pruebas concluyentes sobre supuesta “falsa desaparecida”

Durante el fin de semana, un reportaje de CHV Noticias dio a conocer el caso de Bernarda Vera, una supuesta falsa detenida desaparecida del régimen de Augusto Pinochet que, según la investigación, estaría viviendo en Argentina. Esto, mientras que su nombre figura en el Informe Rettig como una de las mil 162 víctimas y su familia recibe una pensión de reparación.

Según el Tomo III de dicho documento, Vera —profesora de educación básica, militante del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario— fue detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún, región de Valdivia, y se presume que fue ejecutada junto a otros prisioneros en el puente Villarrica sobre el río Toltén. Desde entonces, fue considerada desaparecida.

Su hija la buscó durante décadas, mientras que el Estado la reconoció como víctima de violaciones a los derechos humanos, habilitando mecanismos de reparación como la pensión estatal. Sin embargo, testimonios como el de José Bravo, exmiembro del MIR, han levantado dudas sobre esa narración oficial.

De hecho, Bravo afirma que Vera habría escapado hacia la montaña junto a un grupo de sobrevivientes liderados por el sueco Svante Grande —alias “Julio”—, y que parte de ese colectivo habría huido primero a Argentina y luego a Suecia. En documentos del Servicio de Migraciones sueco se da cuenta de que en 1978 se otorgó un visado a una mujer con esa identidad, quien en 1984 obtuvo la nacionalidad sueca, lo que implicó la pérdida de su documentación chilena. De acuerdo a esos antecedentes, ella se estableció en Europa, tuvo hijos y más tarde se trasladaría a Argentina.

Ante la publicación de esta información, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que el caso fue detectado dentro de las labores del Plan Nacional de Búsqueda. En esa línea, afirmó que el Estado está estudiando presentar una querella respecto al posible caso de falsa detenida desaparecida y aseguró que la familia de Vera en Chile “ha actuado de buena fe y con total desconocimiento” de cualquier irregularidad. Por eso, hizo un llamado a la prudencia y al respeto hacia los familiares involucrados.

Cordero también detalló que los antecedentes preliminares habían comenzado a circular en 2024 y que el cruce de datos incluyó intercambio con autoridades suecas. Así, explicó que el Plan Nacional de Búsqueda notificó a la hija de Vera en Chile durante enero de 2025, y que las evidencias provenientes de Suecia arribaron a Chile entre abril y mayo de este año. Luego de ello, los antecedentes fueron entregados al juez que investiga el caso. También negó que un exfuncionario del Plan le hubiera informado directamente sobre la situación.

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, expresó que “una vez que comenzaron a tener estos informes siempre se mantuvo informada a la familia, al Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda”.

En las mismas declaraciones, Gajardo expresó que “todavía no tenemos una información concluyente de que efectivamente la señora Bernarda Vera se encuentre en Argentina porque no hay una confirmación biométrica que nos permita saber si efectivamente es. Más considerando que en las comunicaciones con la familia, en particular con la hija, ella señala que lo más probable es que haya una suplantación de identidad”.

“Como no hay, se empezaron a obtener antecedentes más formales, los que se pusieron inmediatamente en conocimiento de la justicia. Eso, en el mes de mayo de este año. Ahí fue cuando se recibieron antecedentes formales por parte de la cancillería, y esos antecedentes se comunicaron al ministro en visita que lleva adelante estos procesos“, sumó el secretario de Estado.

La respuesta del Ministerio de Justicia

Desde el Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos publicaron un comunicado señalando que el caso “ha sido objeto de una larga y rigurosa investigación administrativa por parte del Programa de Derechos Humanos, en su calidad de órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, desde inicios del año 2024. Esta investigación comienza a propósito del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del llamado ‘episodio Liquiñe’, a raíz del cual se detectan incongruencias en los relatos de algunos testimonios”.

Ante esto, el ministerio explicó que “desde el Programa se remitieron comunicaciones oficiales a distintas instituciones (PDI, Servicio de Registro Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, ACNUR) entre el 6 de mayo de 2024 y el 9 de agosto de 2024, para poder recabar antecedentes. Ninguno de estos oficios entregó información relacionada a la víctima“.

“En abril de 2025 se vuelve a solicitar información a la Cancillería y en mayo de 2025 se recibe por primera vez información documental concreta del caso, aportada por el Estado sueco”, suma el documento.

“Si bien la información recibida no es concluyente para conectar la identidad de la persona consignada en ellos como ‘Bernarda Vera’ con la de la víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por carecer de trazabilidad documental o datos biométricos que permitieran concluir una individualización de la persona, el peso de esta nueva información llevó a las autoridades ministeriales a instruir en mayo de 2025 remitir dichos antecedentes nuevos al Sr. Ministro en Visita Extraordinaria para causas de lesa humanidad entre 1973 y 1990 con competencia en la causa, don Álvaro Mesa Latorre, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, que abrió un cuaderno reservado para ahondar en dicha búsqueda”, se lee.

“Adicionalmente al envío de los antecedentes al tribunal competente, se actualizó la información a la familia en enero y se informó, en forma reservada, en mayo al Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda de la investigación en curso y su remisión a la instancia judicial correspondiente”, agregan desde Justicia.

Asimismo, confirmaron que “toda esta información, junto con la cronología de la investigación administrativa aún en curso, fue entregada por la Subsecretaría de Derechos Humanos al equipo investigador de Chilevisión en entrevista concedida el presente mes, que esperamos que sea incluida en la cobertura del tema y así contar con la información completa del caso”.

“El trabajo realizado por equipo del Plan Nacional de Búsqueda ha permitido reunir y analizar el mérito de información que pudiera ser comprobable y veraz para ponerla en conocimiento de los tribunales competentes. Este proceso de más de un año de trabajo ha sido impulsado con el resguardo de la identidad de las personas que forman parte de investigaciones en curso que aún no estén cerradas y cuidando su intimidad del juicio público que pueda basarse en información incompleta”, valora el organismo encabezado por el ministro Carlos Gajardo.

Por último, la institución recalcó que “el Plan Nacional de Búsqueda ha permitido avanzar en la reconstrucción de trayectorias de las víctimas de los horrorosos crímenes de la dictadura, perfeccionando y profesionalizando estos procesos. Seguiremos trabajando en pos de la verdad, la memoria, la justicia y la reparación”.