Los casos de los GAL, Filesa o Luis Roldán obligaron a Felipe González a admitir la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos reservados para la defensa y la seguridad del Estado, utilizados hasta entonces en beneficio propio –guerras sucias y particulares– y de espaldas a las Cortes. A puerta cerrada, la conocida como comisión de secretos oficiales es la encargada de pasar revista al gasto de una partida presupuestaria que los ministros de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, obligados por ley a presentar sus cuentas cada seis meses , han tapado bajo el manto de la opacidad y la incomparecencia parlamentaria, antes incluso de que en esta comisión se sentasen los socios que apoyan al Ejecutivo, enemigos confesos del mismo Estado que estos fondos tratan de proteger. Incapaz de negar la mayor y abonado al incumplimiento, la propia Moncloa admite la magnitud de una anomalía convertida en práctica e institucionalizada por el Gobierno menos transparente de la democracia.
