Lluvia de renuncias, por Eliana Carlín
Los ministros y alcaldes que quieren participar en las elecciones generales 2026 deben renunciar a sus cargos antes del 13 de octubre. Estamos por presenciar en los siguientes días una lluvia de renuncias que, para variar, ya viene afectando a la ciudadanía y, en general, a la democracia.
Estas renuncias significan dos cosas. En primer lugar, en el caso de los ministros, ya estamos en el subsuelo de la aprobación y con gestiones deficientes. ¿Quiénes aceptarán ocupar esos puestos? Solo quienes no tengan problema con afectar gravemente su reputación profesional y personal formarían parte de un régimen tan afectado por graves denuncias y con un horizonte corto de tiempo por delante, que no les permitirá mostrar obras o avanzar las necesidades de los sectores. La falta de incentivos de cuadros jóvenes para formar parte del Ejecutivo seguirá creciendo, con el grave impacto que eso tiene en los resultados de las políticas y en el entrenamiento de cuadros jóvenes.
En segundo lugar, la situación más grave la encontramos en autoridades regionales y municipales. ¿Es justo que dejen sus puestos quienes han recibido un encargo por voto popular? ¿Es que acaso los gobiernos regionales y las municipalidades no son entidades que tienen competencias importantísimas para el desarrollo de los territorios y que impactan directamente en la calidad de vida de todos? Lo cierto es que actualmente la legislación permite estas renuncias que convierten estas instancias de poder en trampolines para otros cargos y en tiendas de campaña, volviendo al voto ciudadano un trámite cada vez con menor relevancia.
Pero si esto es grave, mucho más grave es que los renunciantes han utilizado las instituciones que aún presiden como aparatos de campaña por meses o incluso años. A esto debemos sumar que quienes se quedan ocupando los cargos de gobernador regional o alcalde, así como el personal que queda en las instituciones, serán a su vez personas de confianza de las autoridades renunciantes. Esto asegura a los renunciantes seguir contando con bunkers de campaña.
Lo descrito resta legitimidad a la democracia en general, y particularmente al proceso electoral 2026, que se va a desarrollar en medio de la desconfianza generalizada y el descrédito de las instituciones. ¿Puede haber un escenario más propicio para la radicalización del electorado?