La pasada semana, el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a incumplir la Constitución. Por tercer año consecutivo, el Ejecutivo no presentó el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado en el plazo que marca el artículo 134.3 de la Carta Magna, «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». No es una formalidad, sino una obligación constitucional que el Gobierno ignora de forma sistemática. Se da la circunstancia de que las cuentas del Estado fueron aprobadas en 2022, en la legislatura anterior. Los actuales diputados y senadores, elegidos en mayo de 2023, no han discutido nunca un proyecto de Presupuestos y no han tenido ocasión de pronunciarse sobre la única ley que la Constitución expresamente les ordena elaborar. Y confirmando que está lejos de cumplir con honor el cargo de tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso ya ha dejado pasar tres ocasiones para levantar la voz y exigir el protagonismo que la Carta Fundamental le exige. Desde Copenhague, Pedro Sánchez intentó restar importancia a su incumplimiento: «Estamos en ello. Vamos a cumplir con nuestra obligación constitucional». Pero el plazo ya ha vencido. Y la reiteración del incumplimiento convierte cualquier promesa en retórica vacía. Los socios parlamentarios también pierden la paciencia. Desde Compromís acusan al presidente de usar las cuentas del Estado como «una excusa electoral». No hay negociaciones reales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha alterado más de 38.000 millones de los Presupuestos prorrogados de 2023 sin aval del Parlamento, mediante transferencias entre partidas y ministerios. Desde 2020, con la excusa de la pandemia, se desactivaron las reglas que impedían estos movimientos discrecionales. Aquella urgencia se ha convertido en costumbre. El Gobierno intenta esconder su incumplimiento con el mantra de que la economía española sigue creciendo, pero ni la Airef ni el Banco de España comparten ese entusiasmo. Aunque hayan revisado al alza las previsiones del PIB por ajustes técnicos, alertan de un frenazo en 2026 y 2027: crecimiento inferior al 2 por ciento y menor creación de empleo. Y todo sin un plan claro de gasto ni reformas. Además, la prolongada falta de Presupuestos dificulta el control administrativo. La Airef ha denunciado que se ve obligada a supervisar «a ciegas» la gestión económica del Ejecutivo. La recaudación tributaria sigue sin tocar techo, pero no hay una ley que indique en qué se gasta. Es decir, ni los ciudadanos ni los organismos fiscalizadores pueden evaluar el destino de los fondos públicos. Las nuevas reglas fiscales exigen un ajuste de casi 11.000 millones de euros. La opacidad fiscal y el desgobierno explican por qué se habla ya de una «anestesia económica». No estamos ante una mera descoordinación. Cuando Sánchez habló de gobernar sin el concurso del legislativo era consciente del deterioro del sistema de equilibrios democráticos . Sin Presupuestos, el control parlamentario es imposible. Sin transparencia, la rendición de cuentas desaparece. Sin proyecto económico, todo es propaganda. Sánchez, que no tiene Presupuestos, derrocha ambición y ya ha anunciado su intención de presentarse a la reelección en 2027. Pero el país no puede esperar dos años para saber si hay plan, Presupuestos o Gobierno. La democracia exige claridad. Y la economía, responsabilidad. Gasto sin control es poder sin límites. Y eso no puede permitirse en una democracia constitucional.
