Sánchez obligado a precisar sus desplazamientos oficiales con el Falcon tras el nuevo Plan de Transparencia
El Consejo de Ministros ha aprobado los primeros trámites para el anteproyecto de la Ley de Administración Abierta, que obligará a todos los altos cargos del Gobierno a publicar las agendas institucionales, oficiales y los viajes oficiales realizados.
En este sentido, para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha confirmado que la reforma incluirá a las diversas administraciones públicas, en las que se engloba la Casa Real, el Senado, o el Congreso de los Diputados. En base a sus palabras, la apuesta del Gobierno es mejorar la transparencia y la medida afectará a todos los altos cargos públicos para avanzar en las exigencias de los organismos internacionales y asegurar a la población "más democracia y más transparencia".
"El proyecto se ha elaborado siguiendo las recomendaciones del GRECO, la OCD y la Sociedad Civil para aumentar la transparencia...Son grandes novedades que refuerzan el compromiso del Gobierno y del presidente para rendir cuentas", ha señalado en la rueda de prensa, recordando la ampliación de la huella normativa tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados.
Ante el aplazamiento de la votación en el Congreso de los Diputados para terminar con el envio de armas a Israel fechada para el próximo miércoles, el responsable de la cartera de Transformación Digital no ha fechado, en el caso de que fuera necesario, la votación para aprobar la reforma.
Las sanciones propuestas y la participación ciudadana ante la nueva regulación
Según ha adelantado la agencia de noticias EFE, las sanciones del plan que será pionero en España se amplían desde los 600 hasta los 1.000 euros. Para evitar futuros conflictos de intereses que puedan acarrear sanciones legales, Moncloa ha adelantado que los cargos de confianza que trabajen con las administraciones públicas deberá ser publicado por el Portal de Transparencia así como las declaraciones de actividades y bienes.
En cuanto a la participación ciudadana, se busca reforzarla con el nacimiento de las "auditorías ciudadanas" que permitirán promover la evaluación de las actuaciones y las políticas del sector público estatal, aunque desde el Consejo de Ministros no se han clarificado las condiciones y el funcionamiento.